Después de 35 años, la muerte del cantante Gervasio ha sido reclasificada como homicidio, confirmando la hipótesis que su familia ha defendido desde que su cuerpo fue hallado colgado de un árbol en Talagante, en lugar de considerarse un suicidio como se había sostenido hasta ahora. Su hermana, Blanca Viera, se siente más tranquila con esta resolución judicial.
La justicia es un pilar esencial en cualquier sociedad democrática. No obstante, cuando la justicia se prolonga, pierde su significado y se convierte en una formalidad que erosiona la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. El antiguo dicho «justicia tardía no es justicia» cobra una particular relevancia en un contexto donde los procesos judiciales se extienden durante años, e incluso décadas, generando descontento social y un deterioro de los derechos de las víctimas, los acusados y de la sociedad en general.
Desde un punto de vista procesal, el principal desafío es la pérdida de pruebas y testimonios. Con el paso del tiempo, los documentos pueden desaparecer, ya sea de forma accidental o intencionada, los testigos pueden fallecer o su memoria puede volverse menos confiable, dificultando así la obtención de un fallo justo y fundamentado en evidencia sólida. Esto es especialmente crítico en los casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, donde los delitos a menudo involucran redes de encubrimiento y complicidad que se ven fortalecidas por la lentitud de las investigaciones. Por esto, las tácticas dilatorias de las defensas benefician a los acusados.
En junio de este año se conmemoran 20 años de la implementación completa en el país de la Reforma Procesal Penal, que sustituyó el antiguo sistema inquisitivo, que era secreto y escrito, donde el juez investigaba y sentenciaba. Se ha mejorado la rapidez de los procesos al ser menos burocráticos y se ha aumentado la transparencia al ser de carácter público.
Uno de los principales beneficios de esta reforma es la imparcialidad del proceso, ya que existe una separación clara entre jueces y fiscales; el Ministerio Público asume la responsabilidad de liderar las investigaciones, mientras que los jueces deben evaluar las pruebas y dictar sentencias con mayor independencia. Esto permite que las decisiones judiciales sean más justas y basadas en hechos debidamente respaldados.
Veinte años es un período adecuado para implementar reformas que agilen los procesos judiciales y reduzcan los casos en los que se decide no continuar con las investigaciones. Esto incluye el fortalecimiento del Ministerio Público mediante mayores recursos y tecnología para mejorar las investigaciones, la eliminación de obstáculos burocráticos y la aplicación de sanciones efectivas a quienes retrasen deliberadamente el curso de la justicia. Asimismo, es fundamental promover una mayor transparencia en los procesos y garantizar que todas las partes involucradas reciban un trato equitativo ante la ley, especialmente en las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, que parecen favorecer a las élites.
Finalmente, el dicho «la justicia tarda, pero llega» puede ser un consuelo para las víctimas en los pocos casos en que se logra hacer justicia pese al tiempo transcurrido. Sin embargo, prefiero la urgencia que demanda acción cuando se está convencido de que, en la mayoría de los casos, la justicia demorada es justicia denegada.
Con Información de www.elperiodista.cl