El Ciudadano ha identificado que la aprobación de una planta, controvertida por la comunidad, estuvo influenciada por la cónyuge del profesional que diseñó el proyecto original para la minera en cuestión.
Por Matías Rojas M.
Equipo de Investigación El Ciudadano
El desarrollo de un proyecto de extracción de oro en las tierras vírgenes de Colliguay ha generado gran inquietud entre los residentes y parlamentarios debido a los posibles impactos negativos en el aire, el agua y la agricultura. La cara visible de esta operación, que plantea el uso de cianuro para el procesamiento de metales, es la Sociedad Minera Carmelita.
La empresa ha tomado posesión de un área montañosa conocida como El Molino y decidió fraccionar su solicitud de permisos en dos unidades distintas: la mina de extracción, llamada “Mina Colliguay 1-20”, que recibió la aprobación del Servicio de Geología y Minería (Sernageomin) en febrero de 2024, y una planta de lixiviados que obtuvo una resolución favorable a mitad del año 2023.
En la actualidad, la actividad se encuentra detenida debido a un decreto de la Dirección de Obras Municipales de Quilpué, que indica la falta de permisos de construcción para levantar un campamento y edificar bodegas. Este documento, fechado el 31 de enero de 2025, destaca que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha verificado la «afectación de la formación xerofítica regulada en la Ley de Bosque Nativo, incluyendo especies como corontilo, huañil, pichiromero, puya y litre».
El Ciudadano investigó las quejas contra la mina y encontró que la esposa del ingeniero encargado de diseñar el proyecto de extracción de oro tuvo influencia directa en la autorización de su planta de tratamiento. Además, ambos ingenieros son actualmente parte de Sernageomin, el organismo que debe supervisar el cumplimiento normativo.
“Colliguay es un valle que se sostiene de la silvoagricultura, en particular de la producción de miel y del turismo rural. Lo que pretenden es construir una torre de 10 metros que generará contaminación, porque necesitan utilizar cianuro para extraer el oro. Nunca antes se había introducido este tóxico aquí, y mucho menos para una producción tan grande”, señala Irma Bravo, representante de la Agrupación “Colliguay sin Mineras”.
El movimiento de oposición comenzó a ganar impulso hace tres meses, cuando la comunidad tuvo acceso a los documentos emitidos por Sernageomin. Tras revisarlos, se destacó un fragmento que captó su atención: según lo declarado, la producción de la mina no alcanzaría las 5.000 toneladas mensuales, lo que lo situaría por debajo del umbral que obligaría a un ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En una conversación con El Ciudadano, Bravo reitera que esta descripción de pequeña minería permitió a Carmelita eludir un proceso de observaciones más exhaustivo por parte del Estado y de organismos relevantes como la Dirección General de Aguas, CONAF, y la Seremi de Salud.
“En tres años, planean extraer 72.000 toneladas de mineral a rajo abierto, como un mini Chuquicamata, con escalones y cinco terrazas. Esto es muy preocupante, ya que se sitúa en la cima de uno de los cerros altos del sector Los Yuyos de Colliguay. La planta de lixiviados está ubicada en un terreno altamente sedimentado, propenso a deslizamientos”, argumenta.
El primer contacto formal con servicios públicos no consultados previamente sobre la mina se llevó a cabo el 13 de enero, en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados. En esta reunión, el seremi del ramo, Sergio Salvador, se comprometió a revisar el caso, enfatizando la necesidad de avanzar en “sustentabilidad y ordenación territorial”, mientras que el titular subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Luis Celedón, expresó preocupaciones sobre los posibles efectos adversos para la apicultura. En la sesión, las autoridades confirmaron no haber recibido información sobre el yacimiento.
«Un gran porcentaje de esta miel (de Colliguay) se exporta a mercados muy exigentes, como Alemania, que requieren que la miel no contenga trazas de productos químicos”, anotó Celedón.
El representante del SAG también aclaró que la Sociedad Minera Carmelita no había solicitado un informe favorable para la construcción (IFC) –un procedimiento que anteriormente se conocía como “cambio de uso de suelo”– para modificar la naturaleza del terreno destinado a su actividad extractiva, un paso esencial para obtener la recepción municipal de obras según el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
A pesar de esto, la empresa comenzó sus trabajos sin informar a Sernageomin. Esto se dejó claro durante una visita realizada por dicho servicio el 24 de noviembre de 2024, tras una alerta presentada por la Dirección Ambiental y de Sostenibilidad de la Municipalidad de Quilpué durante la administración de la alcaldesa Valeria Melipillán.
De acuerdo con el acta de la visita, a la que accedió El Ciudadano, el funcionario municipal de Medio Ambiente, Diego Peñaloza, y representantes de Sernageomin observaron que la minera no había notificado sobre el inicio de sus actividades, a pesar de estar en plena construcción.
Los propietarios, además de carecer de un profesional en prevención de riesgos, no contaban con barandas de seguridad en las rutas internas y no habían reportado datos de accidentes, producción o personal. Sernageomin decidió otorgar un plazo de cinco días para implementar “medidas correctivas”.
Carolina Marzán, diputada del Distrito N° 6 Quinta Cordillera, considera que el caso de Carmelita evidencia un choque legislativo entre la Ley 19.300, que regula la protección del medio ambiente, y el Código Minero, que favorece la explotación minera sin exigir garantías para la protección del entorno ni la mitigación del impacto que estas actividades generan.
La integrante de la comisión de Agricultura subrayó que, aunque “apoyamos el crecimiento económico del país, soy contundente en afirmar que no a cualquier costo”.
“Me resulta incomprensible y carente de transparencia y claridad el proceder de Sernageomin al otorgar este permiso sin que la comunidad estuviera informada, excepto cuando comenzaron a notar un inusual y constante tránsito de camiones de gran tonelaje, que tampoco deberían contar con autorización, y donde la empresa se desvincula de la responsabilidad argumentando que externalizó el transporte de maquinaria pesada”, manifestó ante las consultas de El Ciudadano.
Marzán enfatizó que “Colliguay forma parte de la Reserva Mundial La Campana-Peñuelas y de la zona de transición de la Reserva de la Biósfera de Quilpué, un área que alberga flora y fauna endémica que el Estado debe proteger. Igualmente, existe un decreto de protección del río Puangue, que atraviesa Colliguay y llega a localidades como María Pinto, Curacaví y Melipilla. Por ende, la contaminación que afecte al río tendría repercusiones no solo en el Valle de Colliguay, sino también en numerosas localidades.”
PUERTA GIRATORIA
Rodrigo Herrera Estrella es el ingeniero civil en minas responsable de elaborar el proyecto simplificado de explotación de la “Mina Colliguay 1-20” para la Sociedad Minera Carmelita, a través de su empresa Andacollo Proyectos Mineros. Este documento fue sometido a revisión por Sernageomin Zona Centro en agosto de 2023, mientras Herrera ocupaba el cargo de “ingeniero de proyectos” en la Seremi de Minería de Valparaíso, posición que asumió en marzo de ese mismo año, de acuerdo con su perfil público de LinkedIn.
“El proyecto minero Mina Colliguay 1-20 se localiza dentro de un terreno privado, sin acceso para personal ajeno a la faena, y no se encuentra cerca de áreas turísticas de interés”, menciona el texto. Otro fragmento indica que, debido a su magnitud de “2.000 toneladas mensuales, no amerita su ingreso al SEIA”, descartando la generación de “material estéril”, ya que “la presencia de oro económicamente explotable se localiza desde la superficie del yacimiento”.
El 12 de septiembre de 2023, el director regional Zona Centro de Sernageomin, Christian Orellana Díaz, solicitó que se subsanaran observaciones, las cuales fueron respondidas por la minera en un solo día. Hasta ese momento, la Sociedad Carmelita había indicado que el material extraído sería vendido a la Minera Pulllalli, situada en La Ligua. Sin embargo, posteriormente, el 25 de septiembre de 2023, la empresa presentó un proyecto de tratamiento de minerales para procesar el oro en una planta adyacente a su faena.
De acuerdo a expertos en el ámbito minero consultados por El Ciudadano, la contradicción entre la mención a Pullalli y su exclusión por parte de Sernageomin revela actuaciones, al menos dudosas, del organismo al autorizar ambos proyectos mediante las resoluciones exentas N°s 61 y 182, emitidas el 27 de febrero de 2024 y el 14 de mayo de 2024, respectivamente. Además, el peso del mineral declarado en esta segunda resolución podría sobrepasar el cálculo de las 72 mil toneladas de extracción total que anunció Carmelita.
Un tercer cuestionamiento se relaciona con la persona responsable de revisar y aprobar la cancha de tratamiento, ya que la resolución exenta N° 182 de Sernageomin lleva las iniciales de la funcionaria Camila Parra Vásquez, quien es esposa de Rodrigo Herrera, el ingeniero que prestó servicios a Carmelita para desarrollar su plan de extracción de oro a través de la consultora Andacollo.
El portal de Transparencia Activa indica que Parra ha ocupado el cargo de revisora de proyectos regionales y evaluadora de pequeños proyectos de Sernageomin en la Región de Valparaíso desde octubre de 2012. Por su parte, Herrera comenzó funciones similares a partir de diciembre de 2023, tras su breve paso por la Seremi de Minería porteña.
Es de resaltar que ambos funcionarios son mencionados en un documento de la Dirección Nacional de Sernageomin como sujetos pasivos de la Ley de Lobby. La resolución exenta N° 1876, firmada el 24 de septiembre de 2024 por el director Patricio Aguilera Poblete, hace referencia a la responsabilidad inherente a sus cargos y a la obligación de registrar cualquier reunión con empresas privadas que pretendan influir en las decisiones del servicio.
CONEXIONES EMPRESARIALES
Colliguay ha sido objeto de interés para la explotación de minerales durante muchos años. En diciembre de 2012, una nota del portal “Minería Chile” reportaba la adquisición por parte de Buenavista Capital, representada por Marcial Marambio Carmona, del 51% de la Compañía Minera Colliguay SpA, resaltando que los recursos minerales se encontraban “situados en un reconocido distrito minero aurífero que abasteció los históricos lavaderos de oro del Marga-Marga durante la Colonia”.
Desde entonces, la otra mitad de la compañía quedó en manos de un grupo liderado por el ingeniero Rony Obach González, hermano de Juan Obach, antiguo socio del exsenador de la UDI Marcos Cariola en el holding Pathfinder; y tío de Juan José Obach Granifo, director del think tank “Horizontal” –con vínculos a Evópoli–, quien desempeñó funciones en la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía y como Coordinador de Mejoramiento del Gasto Público de Hacienda durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
«Los problemas (para la inversión) son variados. Uno de esos es la gran cantidad de instituciones y regulaciones a las que se deben someter los proyectos de inversión. Hemos contabilizado alrededor de 20 servicios que emiten permisos. Los proyectos mineros suelen requerir tramitar 1.500 procedimientos, muchos de ellos en papel», declaró Obach Granifo en una entrevista en abril de 2018 para el programa “Reporte Minero”.
El nombre de Rony Obach también se vincula con la concesión de las pertenencias mineras “Colliguay 1 a 20”, que respaldan la actividad de extracción de oro actualmente liderada por Minera Carmelita. Según se señala en un contrato firmado el 13 de julio de 2023 ante la notaria Daniela Munizaga en Curacaví, Carmelita arrendó la propiedad del metal por un plazo de cinco años renovables, estableciendo un alquiler equivalente al 17% del “precio de venta neto del mineral extraído de las pertenencias mineras”, dividiendo las ganancias entre Obach González (8,5%) y María Eugenia Ibarra Gálvez (8,5%).
La Sociedad Minera Carmelita de Colliguay fue constituida apenas días antes del arriendo: el 8 de julio de 2023. En el acta de constitución figuran como socios de la minera los nombres de Juan José Ruiz González, exgerente de la División de Personas de Banco Estado AGF; José Alejandro Cerda Saldías, propietario de una empresa de reparación de maquinarias, y Carlos Álvarez Araya, dueño de Minera Álvarez II y Minera Roal, firma que, junto al exsuperintendente de Bomberos de Pencahue, Gonzalo Rojas Oróstica, es un proveedor habitual de CONAF en el portal de Mercado Público.
Álvarez también estuvo vinculado con la extinta Compañía Minera Curacaví, cuyo proyecto “Lo Águila II” fue declarado en abandono y considerado riesgoso para el medio ambiente, según un documento de Sernageomin emitido el 13 de enero de 2011, que, como denunció un reportaje de Ciper, estuvo “retenido” durante mucho tiempo en el despacho del entonces subsecretario Pablo Wagner, sin ser compartido con la comisión del Congreso que indagaba sobre los depósitos de relaves mineros en ese momento.
La última acción adoptada por la Sociedad Minera Carmelita para hacer frente a las acusaciones por daños ambientales en Colliguay ha sido contratar al abogado Christian Espejo Muñoz, un jurista reconocido por su cercanía a la UDI. Este profesional asumió el patrocinio de la empresa en el contexto de un recurso de protección presentado por la Municipalidad de Quilpué y tres vecinos que exigen detener la intervención de la mina, pidiendo que los proyectos sean sometidos al sistema de evaluación ambiental.
Por Matías Rojas M.
Con Información de www.elciudadano.com