El 10 de febrero, el Tribunal Oral de Lo Penal emitió su sentencia en el caso de Héctor Pérez Catalán, quien fue agredido por funcionarios policiales mientras grababa una manifestación en el marco del estallido social. El tribunal tuvo la responsabilidad de determinar si el subcomisario imputado, Manuel Ortiz Otárola, había estado involucrado en las agresiones durante esas movilizaciones.
En la primera instancia, se decidió que los hechos demostrados constituyen el delito de tortura, conforme al artículo 150 letra A del Código Penal, en perjuicio de Héctor Pérez Catalán.
Catalina Padilla, abogada del equipo legal de CODEPU y encargada del caso, comentó que “Pérez Catalán estaba transmitiendo en vivo por Facebook el actuar irregular de la Policía de Investigaciones durante una manifestación que afectaba a niños, ancianos y familias en las inmediaciones de la plaza de El Monte”.
Durante su detención, Héctor Pérez sufrió violaciones a sus derechos, tanto físicas como psicológicas, lo que resultó en la pérdida de sus gafas y su teléfono. “Fue agredido con la intención de quitarle su celular, que estaba grabando los disparos de los funcionarios de la PDI contra los manifestantes”, añadió.
Como resultado, se imputó al subcomisario Manuel Ortiz Otárola por su presunta participación en los delitos. Sin embargo, el tribunal determinó que las pruebas no eran suficientes para demostrar la implicación de Ortiz en las torturas.
“Esto se debió a la falta de evidencia concluyente, ya que no se presentó prueba directa o indirecta que permitiera probar que el acusado había realizado alguna conducta agresiva en contra de la víctima”, concluyó el fallo.
A pesar de la absolución de Ortiz, quien fue el único imputado, la abogada Padilla subrayó que se había confirmado el delito de torturas. Esto es un aspecto positivo, según ella, dado que “el Poder Judicial está reconociendo que durante el estallido social se torturó a la población”, lo cual es relevante porque “la aplicación del delito de tortura es muy limitada en la justicia chilena”, enfatizó.
Por otra parte, Mariana Rojas, también abogada del equipo de CODEPU, indicó que durante el juicio, se enfrentaron a la ocultación de información por parte de agentes del Estado: “Como ha ocurrido en otros juicios del estallido social, esto impide una clara comprensión de los hechos, lo que a su vez afecta la adecuada valoración de las pruebas por parte del tribunal”, afirmó.
Ante esta situación, CODEPU anunció que en los próximos días presentará un recurso de nulidad contra la sentencia que absolvió al subcomisario Ortiz.
Con Información de www.elciudadano.com