Las autoridades talibanes que asumieron el control de Afganistán en agosto de 2021 han declarado hoy que no reconocen ninguna obligación bajo el Estatuto de Roma y consideran que la adhesión de Kabul al Tribunal Penal Internacional (TPI), realizada por el gobierno anterior, «no tiene validez jurídica».
Hamdulá Fitrat, viceportavoz del Emirato Islámico de Afganistán, resaltó en un comunicado en su cuenta de la red social X que «como entidad que defiende los valores religiosos y nacionales del pueblo afgano dentro del marco de la ‘sharia’, el Emirato Islámico no reconoce obligación alguna en virtud del Estatuto de Roma ni de la institución conocida como TPI».
«La historia de este ‘tribunal’ demuestra de manera clara que, en lugar de adherirse a principios de justicia e imparcialidad, ha actuado siempre en función de intereses políticos», aseveró Fitrat, quien también destacó que «el Emirato Islámico de Afganistán, que promueve el respeto y el compromiso basado en principios con otras naciones, rechaza este enfoque fundamentalmente».
«En varios países, incluido Afganistán, millones de civiles inocentes, en su mayoría mujeres y niños, han sufrido opresión y violencia. Sin embargo, este ‘tribunal’ ha fallado notablemente al abordar estas injusticias flagrantes», argumentó el representante de las autoridades afganas.
En este contexto, Fitrat indicó que «esta institución no ha tomado medidas significativas contra los crímenes de guerra cometidos en Afganistán por fuerzas de ocupación y sus aliados», mencionando como ejemplos «la destrucción masiva de localidades, escuelas, mezquitas, hospitales y celebraciones de bodas».
«Miles de mujeres, niños y ancianos, así como prisioneros, han sido mártires, mientras que este ‘tribunal’ no ha iniciado investigaciones ni ha intentado poner fin a estos actos de opresión», señaló Fitrat, añadiendo que «dado que muchas potencias no son parte de este ‘tribunal’, no tiene sentido que una nación como Afganistán, que ha vivido la ocupación extranjera y el colonialismo, se someta a su jurisdicción».
Por estas razones, enfatizó que «teniendo en cuenta lo anterior, el Emirato Islámico de Afganistán declara formalmente que no reconoce ninguna obligación jurídica bajo el Estatuto de Roma y considera que la adhesión del anterior gobierno a este estatuto es inválida».
Este comunicado se produce menos de un mes después de que el líder supremo talibán, el mulá Hebatulá Ajundzada, rechazara las «amenazas» externas hacia Afganistán, tras la solicitud del fiscal del TPI para emitir órdenes de arresto contra él y el jefe del aparato judicial, Abdulhakim Haqqani, debido a supuestos crímenes de lesa humanidad relacionados con la «persecución por motivos de género» contra mujeres afganas.
«Las potencias, tanto del este como del oeste, no pueden hacernos daño, y no nos someteremos a sus amenazas. Esa es nuestra convicción», subrayó, asegurando que «la comunidad global debe entender que el sistema talibán fue establecido para proteger el islam» y que la aplicación de la ‘sharia’ no está abierta a negociación para el grupo fundamentalista.
Anteriormente, el Ministerio de Exteriores afgano había declarado que la petición del fiscal jefe del TPI, Karim Khan, «como muchas otras decisiones de este organismo», «no tiene una base legal justa, muestra un doble rasero y tiene motivaciones políticas».
Khan había anunciado en enero que su oficina había presentado estas solicitudes tras determinar que hay «motivos razonables» para considerar que Ajundzada y Haqqani «tienen responsabilidad penal por crímenes contra la humanidad relacionados con la persecución por motivos de género».
Desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibanes han implementado numerosas restricciones a los derechos fundamentales de la población, especialmente de mujeres y niñas, prohibiendo su trabajo en el sector público, salvo en el ámbito de la salud o la educación primaria, aunque estas restricciones se han intensificado recientemente.
El régimen talibán en Afganistán no ha recibido hasta ahora el reconocimiento formal de ningún país ni organización internacional; sin embargo, el grupo solicita que se logre este reconocimiento y se levanten las sanciones impuestas a Kabul para ayudar a las autoridades a enfrentar la crisis económica y social que se ha profundizado desde 2021.
Con Información de www.elperiodista.cl