La Corte Suprema ha ratificado la condena dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las empresas Inaer Helicopter S.A. (Inaer) y Pegasus South América Servicios Integrales de Aviación SpA (Faasa), así como contra sus ejecutivos Ricardo Pacheco y Rodrigo Lizasoaín. Estas entidades fueron halladas responsables de haber implementado un acuerdo entre 2006 y 2013 que distorsionó los procesos de licitación, tanto públicos como privados, en el sector chileno de combate a incendios forestales utilizando helicópteros.
La Tercera Sala del tribunal superior confirmó lo afirmado por el TDLC, estableciendo que el acuerdo se tradujo en cinco procesos de contratación: tres pertenecientes a Conaf entre 2006 y 2011, durante los cuales se llevó a cabo un reparto geográfico de las bases licitadas, y dos procesos privados en 2012 y 2013 junto a las empresas forestales Mininco S.A. y Masisa S.A.
Como consecuencia de estos hechos, Faasa e Inaer deberán afrontar multas que suman un total de 7.000 UTA (alrededor de $5.652 millones). De esta cantidad, Faasa abonará 4.400 UTA ($3.553 millones), mientras que Inaer pagará 2.600 UTA ($2.099 millones). Adicionalmente, cada uno de los ejecutivos deberá pagar 60 UTA ($48 millones).
La Corte Suprema subrayó que este caso tuvo un impacto significativo en un mercado crucial para la seguridad del país, afectando la extinción de incendios forestales y poniendo en riesgo tanto la vida como la propiedad de las personas. Esto constituye una grave infracción a la libre competencia, especialmente considerando que se trata de empresas con alta participación en el mercado.
SEGUNDA RESOLUCIÓN
En un segundo fallo, la Corte Suprema revocó la Sentencia N°187/23 del TDLC, atendiendo la apelación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y sancionando a Calquín Helicopters SpA, Faasa y sus ejecutivos Pacheco y Lizasoaín por manipular la licitación de Conaf en 2014.
El máximo tribunal confirmó la existencia de un acuerdo entre las empresas y la participación de sus ejecutivos, indicando que la sanción impuesta a Faasa, Pacheco y Lizasoaín en la primera sentencia ya era suficiente debido a su conducta ilícita continua.
No obstante, Calquín, que no había operado en el mercado durante la primera condena, recibió una multa de 980 UTA ($791 millones) por su implicación en el segundo acuerdo.
Con estas resoluciones, que imponen un pago total de $6.540 millones (casi 7 millones de dólares) a las arcas fiscales, se cierran las causas relacionadas con el mercado de combate a incendios forestales, las cuales se iniciaron en 2018 por parte de la FNE, que acusó a Faasa y Martínez Ridao de un acuerdo ilegal con aviones cisterna (2009-2015), extendiéndose posteriormente al sector de helicópteros.
El fiscal nacional económico (s), Felipe Cerda Becker, valoró las condenas y resaltó que se logró sancionar todas las dimensiones investigadas en el mercado de extinción de incendios forestales, afectando tanto a empresas privadas como al estado mediante Conaf. Además, destacó que la decisión de la Corte Suprema refuerza la persecución de carteles y envía un mensaje claro: no solo las empresas, sino también sus ejecutivos, deben rendir cuentas por estos ilícitos.
Con Información de www.lanacion.cl