Por Patricio Herman
El magnate Elon Musk, figura clave en el gobierno de Donald Trump, ha señalado que la USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo internacional, es en realidad un refugio de corruptos que malgasta los recursos fiscales de los contribuyentes en diversas organizaciones, con el objetivo de desestabilizar a países en todo el mundo. Se afirma que esta agencia ha sido la mayor donante global y, para poner fin a sus irregularidades, el nuevo gobierno estadounidense nombró al firme secretario de Estado, Marco Rubio, al frente de la misma.
Establecida en 1961 con la intención de promover la ayuda humanitaria bajo el gobierno del presidente John F. Kennedy, la USAID ha evolucionado hacia un instrumento de la CIA, realizando acciones encubiertas que incluyen la infiltración de partidos políticos y la malversación de miles de millones en fondos internacionales. Entre sus actividades, igualmente se incluye la financiación del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, así como la orquestación de la revuelta política en Ucrania en 2014, que derivó en la destitución violenta del presidente Yanukóvich y la ascensión de Zelenski, junto con numerosas intervenciones en diversos países, incluyendo Chile. Más de 100 medios de comunicación y más de 600 periodistas recibieron financiamiento de esta agencia estadounidense.
En medios que no se limitan a repetir los intereses de grupos económicos, como este, hemos reportado sobre la reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que anuló permisos de construcción con una inversión de US$ 100 millones en Viña del Mar, otorgados al empresario Juan Armando Vicuña, ex presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), una entidad empresarial conocida por su eficaz actividad de lobby.
Con un tono mesurado, considerando que el proyecto en cuestión se ubica en una zona de riesgo, enviamos nuestra valoración sobre dicho fallo a diferentes medios que se consideran serios, pero ninguno se animó a publicar nuestro análisis que, en resumen, argumentaba que los inversionistas deben adherirse a los marcos regulatorios existentes para garantizar una competencia justa en un Estado de Derecho. Así, nos damos cuenta que la mayoría de la prensa de derecha prioriza los intereses de sus anunciantes, impidiendo que sus lectores conozcan la verdad de los hechos.
De los muchos casos similares que tenemos conocimiento, elegimos destacar el reciente intento de engaño por parte de la Municipalidad de Iquique, que ignoró las áreas de riesgo establecidas en el Plan Regulador Intercomunal Costero Tarapacá (PRICT) de 2022, que debieron ser automáticamente incluidas en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Iquique de 1981, en virtud del artículo 38° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). Esto abrió la puerta a solicitudes de permisos de proyectos inmobiliarios en zonas “restringidas para el desarrollo urbano”, como se detalla en el capítulo 3.6 del mencionado plan regulador.
Aprovechando esta situación, el amable director del departamento de obras municipales (DOM) concedió múltiples permisos de construcción ilegales, por un total aproximado de US$ 750 millones, que se ajustaban a las necesidades de sus beneficiarios, los cuales, según el dictamen N° E310/2025 del 02/01/2025 del Subcontralor General de la República, deberían haber sido anulados por el funcionario municipal que los tramitó.
Dado que en nuestro país es complicado que se cumpla la ley, con el abogado Enzo Morales, y previendo que el 03/02/2025 se promulgará un nuevo PRC, solicitamos conversaciones con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, el DOM, Sergio García, el Seremi Minvu, Diego Rebolledo y la Contralora Regional de Tarapacá, Paula Vera. Como era de esperar, solo la señora Vera aceptó nuestra solicitud de entrevista para el 14/02/2025.
Con el alcalde, el DOM y el Seremi, además de discutir la anulación de permisos no válidos, deseábamos reafirmar que el uso del terreno del Club de Tenis Tarapacá, ubicado en calle Bulnes 140, que fue vendido a un tercero por su directiva en una operación especulativa, es efectivamente un equipamiento deportivo, según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), una situación que no se reflejó en el antiguo y defectuoso PRC de Iquique de 1981. Esta confusión facilitó la venta.
La opinión pública en Tarapacá es consciente de que todos los involucrados en esta transacción están formalizados, y suponemos que tanto Soria, como Rebolledo y García están considerando las implicaciones políticas que enfrentarían si nos atienden. Por esta razón, aún no hemos tenido respuesta a nuestra solicitud de audiencia.
Además, para mantener informados a los actores en esta difícil situación, ofrecimos al gobernador regional de Tarapacá, José Carvajal, a la delegada presidencial, Ivonne Donoso, y a la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Tarapacá, Roxana Galleguillo, la oportunidad de explicarles el inapropiado proceder de la municipalidad de Iquique y sus repercusiones negativas para el territorio. Al parecer, estos funcionarios públicos no tienen interés en involucrarse, ya que ninguno mostró disposición para reunirse con nosotros. Sin embargo, la única reunión que podrá generar resultados concretos será la que tengamos con la Contralora Regional de Tarapacá el 14/02/2025.
Por último, en relación a las cuestionables acciones de la USAID, sería importante conocer, oficialmente, qué ONGs y medios de comunicación en Chile han recibido financiamiento de esta controvertida agencia estadounidense.
Por Patricio Herman
Defendamos la Ciudad, 9 de febrero de 2025.
Fuente: fotografía
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