Por Rafael Urriola, economista, presidente de la APROB*
Defender a las industrias locales durante un periodo determinado para que puedan enfrentarse a la competencia internacional y, a su vez, contribuir a la generación de empleo en sectores emergentes, ha sido un objetivo impulsado por el enfoque “desarrollista” de la Cepal en los años 60. Para lograr esto, se plantea el uso de aranceles, que consisten en aumentar los precios de los productos importados, permitiendo así que las empresas nacionales puedan competir.
Sin embargo, el resultado de esta protección es que los precios de esos productos “protegidos” aumentan para los consumidores, lo que a su vez disminuye su capacidad de gasto en otros bienes. A favor de esta medida, se argumenta que se puede preservar el empleo en aquellas empresas locales que de otro modo cerrarían ante la competencia libre. Por ende, los trabajadores de estas compañías tendrán ingresos para demandar bienes que no podrían adquirir si se encontraran desempleados.
Este debate ha perdurado durante 70 años. El conocido consenso de Washington de 1989, visto como la “biblia” del neoliberalismo, se mostró contundente en contra del proteccionismo y de las regulaciones arancelarias. Como resultado, Chile suscribió 800 tratados comerciales con más de 300 naciones, cuyo objetivo fundamental fue la eliminación de las “trabas” arancelarias.
Las decisiones del presidente de EE. UU. de utilizar aranceles como herramientas de presión sobre otros países representan una nueva faceta del contexto político internacional. Estas modificaciones arancelarias no son solo de orden económico, lo que socava la credibilidad de los Tratados de Libre Comercio (como el caso de imponer un arancel del 20% al cobre chileno).
En lo que respecta al cobre, es pertinente cuestionar si un incremento arancelario podrá revertir la caída del 10% en 2023 de la producción en las minas de cobre de Estados Unidos, ubicadas en Arizona, Nuevo México, Utah, Nevada, Montana, Michigan y Missouri. Estas minas, en cualquier caso, no podrán competir con las compañías de Perú o el Congo, que se encuentran entre los cinco mayores exportadores de este metal. Es decir, para conseguir el efecto deseado, la restricción arancelaria tendría que aplicarse de manera generalizada a todos los países que exportan a EE. UU.
Asimismo, la política arancelaria también tiene un impacto fiscal, ya que este “sobreprecio” se destina a las arcas del Estado (el déficit de EE. UU. en 2024 alcanzó el 6,4% del Producto Interno Bruto, cerca de 1,8 billones de dólares). Sin embargo, este impuesto encubierto lo pagan finalmente los consumidores estadounidenses y, si se extiende, sin duda generará una mayor inflación, lo que podría provocar desequilibrios inusitados en la economía local. No está claro si las autoridades de EE. UU. han evaluado verdaderamente estos efectos. Lo que sí se conoce es que medios de comunicación tradicionales como el Wall Street Journal han calificado esta situación como la “guerra comercial más tonta de la historia” y que “la autarquía no es el mundo en que vivimos o deseamos habitar”.
Por otro lado, vincular los aranceles con conflictos políticos o de seguridad es un enfoque arriesgado que ya ha tenido repercusiones; Europa ha respondido ante la amenaza de sanciones arancelarias a sus productos. La complejidad del comercio, por sí misma, es un tema fundamental, pero si se comienza a aceptar que las regulaciones pueden ser modificadas debido a decisiones políticas, se está creando un contexto de gran incertidumbre en el comercio internacional.
*Asociación para la Promoción del Bienestar.
Con Información de desenfoque.cl