El presidente Gabriel Boric está bajo la atención de la justicia tras el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía Regional de Coquimbo. Esta investigación se activó luego de la admisión de una nueva querella en su contra, relacionada con la incierta compra de la casa de Salvador Allende, que el Estado planeaba convertir en un museo.
Esta acción legal fue presentada el 22 de enero ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por parte de la Fundación Fuerza Ciudadana, y acusa al presidente de malversación de fondos públicos debido a un contrato millonario firmado con el abogado Jonatan Valenzuela.
El contrato, que supera los 13 millones de pesos, se firmó para que Valenzuela representara al presidente en la investigación relacionada con la fallida compra de la casa del exmandatario Allende.
En este contexto, la fiscalía ha aceptado algunas diligencias solicitadas por Raimundo Palamara, abogado de la Fundación Fuerza Ciudadana. Entre estas diligencias se encuentra la petición al Gobierno para que entregue la resolución que justificó la contratación del abogado por esa suma considerable, además de toda la documentación que respaldó dicho decreto y que informe sobre el pago al defensor privado, reportó La Tercera.
Asimismo, el Ministerio Público está considerando la posibilidad de citar a declarar al presidente Boric y a su abogado defensor, además de evaluar la revisión de su teléfono celular y otros documentos.
Sin embargo, la Fiscalía aclaró que antes de tomar decisiones al respecto, primero recopilarán más información sobre el caso.
También se descartó que esta investigación se combine con la que corresponde al supuesto fraude al Fisco en la fallida compra de la casa de Allende.
¿Malversación de caudales públicos?
En este contexto, Raimundo Palamara, líder de la Fundación Fuerza Ciudadana y querellante en este caso, expresó que el uso de recursos públicos por parte del Gobierno para financiar la defensa privada del presidente Boric podría constituir un delito de malversación de fondos públicos.
“Lo que hizo la Presidencia, particularmente el Presidente Gabriel Boric, al recurrir al presupuesto general para costear su defensa penal privada, configura un delito de malversación de caudales públicos, castigado por la ley. Si el mismo Gobierno admite que fue un error la compra de la casa a su ministra y su tía, actual senadora de la República, es un reconocimiento de que no fue un acto legítimo. De ser así, habrían insistido en la transferencia del inmueble, pero no lo hicieron”, declaró a La Tercera.
“Desde cualquier ángulo que se analice, aquí se ha cometido un delito que debe esclarecerse urgentemente, para lo cual es imprescindible que el fiscal disponga de todos los antecedentes relevantes, incluyendo la Resolución Presidencial N° 75 y los documentos que sirvieron como base para el acto que se cuestiona en la querella. Estoy a la expectativa de lo que ocurrirá con la diligencia para tomar declaración a los imputados, incluyendo al Presidente Gabriel Boric y a su abogado defensor privado, financiados con recursos públicos por un delito de fraude que involucra al mismo Presidente”, concluyó.
Con Información de www.elciudadano.com