Chile se ha establecido como un destino atractivo para la inversión extranjera. En 2024, la cartera de proyectos apoyados por InvestChile alcanzó un récord histórico de US$56.234 millones, de los cuales un impresionante 65% se destina al sector energético. Estas cifras no solo representan un hito, sino que también reflejan la confianza de los inversionistas en las ventajas naturales y estratégicas de nuestro país, así como las oportunidades de desarrollo sostenible que ofrece.
Sin embargo, para transformar esta inversión en infraestructura tangible, enfrentamos un obstáculo crucial denominado «permisología». Actualmente, los proyectos energéticos, en especial los de transmisión, se ven sumidos en una compleja burocracia que retrasa su ejecución. En promedio, la puesta en operación de una línea puede demorar entre 7 y 10 años, de los cuales solo la mitad o menos se dedica a la construcción. Ejemplos representativos incluyen la línea Kimal-Lo Aguirre, esencial para conectar la generación de energías renovables del norte con los centros de consumo en el centro del país, que requiere cerca de 5.000 permisos para su desarrollo; y la línea Itahue-Hualqui, clave para el sistema en la zona centro-sur, que, si se aprueba, necesitará gestionar alrededor de 700 permisos ambientales y no ambientales.
Es cierto que este problema es generalizado. Sin embargo, los proyectos de transmisión, debido a su naturaleza, recorren vastos territorios, lo que incrementa significativamente las autorizaciones necesarias. Esta situación no solo crea incertidumbre para los desarrolladores, sino que, más importante aún, compromete el cumplimiento de los objetivos de transición energética y la competitividad del país frente a mercados que avanzan más rápidamente.
El Estado ha tomado medidas significativas a través del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que propone herramientas como el silencio administrativo, plataformas digitales para centralizar trámites y la priorización de proyectos estratégicos. Este esfuerzo se complementa con reformas importantes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y al marco regulatorio de patrimonio cultural. Estas iniciativas representan una oportunidad para ofrecer certidumbre tanto a la ciudadanía como a los inversionistas en lo que respecta a las condiciones para el desarrollo de proyectos en Chile, de manera que nuestras instituciones promuevan el desarrollo sostenible. Para lograrlo, es crucial que los cambios sean complementarios y compatibles entre sí, que consideren los proyectos de inversión y que establezcan criterios claros.
El desafío es considerable. No podemos permitir que nuestro liderazgo en la transición energética se limite a promesas o anuncios de inversión récord. Es fundamental contar con procesos regulatorios eficientes y robustos que faciliten la implementación de infraestructura crítica en plazos que respondan a la urgencia climática y a las necesidades de desarrollo económico del país. Desde Transmisoras de Chile, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar iniciativas que armonicen la simplificación de trámites con la aplicación de altos estándares socioambientales, porque creemos que este es el camino para convertir cifras históricas en beneficios concretos para todos los chilenos.
Javier Tapia
Director Ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile
Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
Con Información de chilelindo.org