La reciente adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende para transformarla en un museo marcó uno de los últimos anuncios significativos del Gobierno de Gabriel Boric para cerrar el año 2024 y se ha convertido en un desafío para el 2025.
La propiedad, situada en Guardia Vieja 392, Providencia, pertenece a la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende (PS), y a su tía, la senadora Isabel Allende (PS).
La compra ha desatado un proceso de investigación penal por posible fraude al fisco, debido a que la constitución prohíbe a ministros y parlamentarios realizar contratos con el Estado. Esto, además, ha dado lugar a la presentación de dos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) que buscan la destitución de Fernández y Allende.
Hasta este momento, desde la Presidencia se ha afirmado que “durante el proceso, no se expresaron reparos o advertencias a la Presidencia de la República”.
Casa de Allende: advertencias sobre irregularidades en mayo de 2024
No obstante, un artículo reciente de Ciper reveló que funcionarios de los ministerios de Bienes Nacionales y de Culturas hicieron señalamientos a la Presidencia en mayo y junio de 2024.
La primera advertencia surgió en una reunión celebrada entre mayo y junio del año anterior, donde los asesores de la Presidencia convocaron a la jefa de gabinete de Bienes Nacionales, Denisse Hernández, y a su contraparte de Culturas, Gonzalo Pinto, para acelerar la compra de las casas de Aylwin y Allende.
Pinto, sin embargo, alertó a los asesores de la Presidencia sobre serios problemas legales en la adquisición del inmueble perteneciente a la familia Allende, además del conflicto de interés que implicaba la participación de la ministra Maya Fernández.
En octubre, se llevó a cabo otra reunión para discutir el asunto, donde, según Ciper, los asesores presidenciales Leonardo Moreno y Bernardita Nazar recibieron advertencias sobre las repercusiones en el proceso administrativo, así como sobre el conflicto de interés relacionado con la ministra Fernández, y las posibles infracciones a la probidad que supondría realizar una transacción con un integrante del gobierno.
Otras advertencias
Estas revelaciones se complementan con un correo del Ministerio de Bienes que contenía los primeros reparos sobre la compra de la casa de Allende.
Según La Segunda, en abril de 2024, Bienes Nacionales notificó a la Subsecretaría del Patrimonio que “dos personas de la comunidad poseen calidad de autoridad, a efectos jurídicos”.
Adicionalmente, existe una minuta del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural (Serpat) que, a principios de 2024, alertó sobre la participación de “dos miembros que ostentan la calidad de autoridades: Isabel Allende y Maya Fernández Allende”. Este documento fue enviado por correo electrónico a Gonzalo Pinto, el jefe de gabinete del Ministerio de las Culturas, quien participó en una de las reuniones en las que se comunicaron advertencias legales a la Presidencia.
Con Información de www.fastcheck.cl