El mandatario de la República de Chile, Gabriel Boric, firmó el martes 4 de febrero en el Palacio de La Moneda la nueva Ley Antiterrorista, la cual responde a la necesidad de contar con una legislación moderna, actualizada y aplicable contra el terrorismo.
De acuerdo con el Gobierno de Chile, la normativa promulgada, que sustituye la anterior ley antiterrorista considerada ineficaz y sin legitimidad democrática, toma inspiración en las mejores prácticas internacionales y reflexiona sobre la experiencia chilena.
La nueva legislación moderniza la persecución penal, mejora la definición del delito de terrorismo para facilitar su aplicación, establece el delito de asociación terrorista; castiga casos de terrorismo individual, y crea el delito de favorecimiento de la asociación terrorista para actividades como extorsión, tráfico de drogas o armas.
Durante la ceremonia de promulgación, el presidente Boric manifestó que “esta actualización de la Ley Antiterrorista es parte de un esfuerzo mayor para dejar a Chile en mejores condiciones para combatir el crimen organizado, avanzando con más y mejores herramientas para enfrentar el delito, con nuevas instituciones y policías mejor equipadas y protegidas”.
“El terrorismo no solo es un ataque contra ciudadanos inocentes, sino que también es una agresión a la libertad, a la democracia y a la convivencia pacífica. Por lo tanto, no será tolerado en Chile”, enfatizó el mandatario.
Criterios y técnicas de investigación
La mejora en la definición del delito terrorista facilitará la aplicación de la ley. Un problema de la norma vigente ha sido la dificultad para probar el ánimo terrorista.
La nueva ley establece criterios más claros, afirmando que habrá delito terrorista si se pretende socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir decisiones de alguna autoridad del Estado democrático y someter o desmoralizar a la población civil, o a una parte de ella.
Asimismo, se considerarán delitos terroristas la colocación o envío de artefactos explosivos o incendiarios capaces de afectar a un gran número de personas, así como los atentados contra autoridades del Estado que resulten en muerte o lesiones graves. También se introduce el delito de asociación terrorista (AT), sancionando el simple hecho de pertenecer a una organización, independientemente de que esta cometa los delitos para los cuales fue constituida.
Entre las ventajas que ofrece la nueva normativa se encuentra la posibilidad de llevar a cabo una persecución penal eficaz y preventiva del terrorismo, al tiempo que habilita técnicas especiales de investigación como el registro de equipos informáticos, la captación subrepticia de imágenes y sonidos, entregas vigiladas y el despliegue de agentes encubiertos, así como la técnica conocida como IMSI Catcher.
Una vez operativo, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública tendrá la facultad de querellarse por estos delitos y la obligación de proponer al presidente una Estrategia Nacional de Prevención y Combate contra las Conductas Terroristas, que incluirá una propuesta de reparación para las víctimas.