POR JEAN FLORES QUINTANA, POLITÓLOGO
El 8 de noviembre de 2024, hace casi tres meses, fue vista por última vez Julia Chuñil Catricura, una defensora ambiental mapuche de 72 años que salió de su casa en busca de animales perdidos. Julia, líder de la comunidad Putreguel en Máfil, región de Los Ríos, sigue desaparecida después de haber sido acosada y amenazada durante años por un empresario del sector forestal.
Desde ese día, hasta el momento actual, los periódicos La Tercera y El Mercurio no han informado sobre su situación. Los medios de comunicación, que establecen la agenda informativa, han relegado la desaparición forzada de Chuñil al silencio, mientras dedican extensas coberturas al caso Ojeda.
La muerte del exmilitar venezolano opositor al régimen de Nicolás Maduro ha sido utilizada por la derecha política y mediática para criticar al gobierno actual, a la coalición que lo apoya y para agravar las relaciones con Caracas. Las numerosas notas y artículos, que exploran diferentes hipótesis cada semana durante el último año, han llevado al deterioro de las relaciones diplomáticas. La narrativa de «todos contra Venezuela» ha unido al sistema político y judicial en un momento de crisis tras revelaciones de corrupción.
La situación de Julia Chuñil es extremadamente grave para el Estado chileno, no solo por ser una mujer mapuche en peligro, sino también porque evidencia la represión en el país contra quienes luchan por la protección de su tierra ante la explotación empresarial.
América Latina es considerada la región más peligrosa del mundo para los activistas ambientales y defensores de derechos humanos. Un estudio reciente de la ONG Global Witness (2024) señala que, desde que se iniciaron sus mediciones en 2012, esta área ha registrado la mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientales, concentrando en 2024 el 85% del total, con 194 casos. Además, entre 2010 y 2024 se documentaron más de 500 agresiones contra mujeres indígenas, abarcando diversos actos de violencia, como acoso judicial, amenazas, estigmatización, criminalización, violencia sexual y asesinatos.
En este 2025, como si estuviéramos en la época de la conquista española, continúa la persecución, el acoso y el asesinato de mujeres mapuche que defienden la ñuke mapu. Los responsables de las muertes de Nicolasa Quintreman y Macarena Valdés se conocen al observar a qué empresas se oponían. Nicolasa no se ahogó accidentalmente en el lago Ralco, ni Macarena optó por quitarse la vida en plena crianza. Ambas mujeres mapuche fueron asesinadas por resistir a la avaricia empresarial. Queremos a Julia Chuñil Catricura viva.
Antes de su desaparición, Julia había sido víctima de acoso y hostigamiento por parte del empresario forestal Juan Carlos Morstadt Anwandter. El conflicto comenzó en 2018, cuando se an afirmó un acuerdo de compraventa entre la Conadi y el empresario en relación a un terreno colindante con la comunidad indígena liderada por Julia.
Al respecto, su hijo Pablo San Martín Chuñil ha realizado dos declaraciones importantes:
–“Él (refiriéndose al empresario forestal) ofreció dinero a los vecinos para bloquear el camino que ella usaba, y efectivamente lo hicieron”.
–“Mi mamá siempre decía que si algo le pasaba, ustedes ya saben quién fue”.
Julia Chuñil, con su fortaleza y valentía, nos recuerda el racismo, clasismo y machismo que utilizan los poderosos para controlar el país. Una vez más, queda claro que a los medios hegemónicos no les interesa ni la verdad ni la justicia; su única motivación es defender los intereses de la clase alta y la burguesía financiera, por lo que criminalizan la lucha mapuche y a quienes defienden la soberanía nacional.
Con Información de www.elciudadano.com