En julio de 2024 se desató un gran alboroto a raíz de una propuesta del diputado (RD) Jorge Brito, que buscaba añadir el concepto de “peces sintientes” a la Ley de Pesca. El legislador planteó la necesidad de respetar el estado “físico y mental” de diversas especies marinas en el contexto de la extracción y producción pesquera.
Incluso un medio afín a la salmonicultura titulado: “Rechazo total y burlas internacionales a indicación sobre ‘seres acuáticos sintientes’”, recogió el revuelo generado. La controversia fue tal que el diputado modificó su propuesta para alinearla más con una visión productivista de la naturaleza, tratándoles meramente como recursos.
Durante esos días, la investigadora Evelyn Habbit discutió la relación entre humanos y naturaleza desde una perspectiva bioética. La académica, directora del Departamento de Sistemas Acuáticos de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, destacó que “los principios éticos obligan a que las pesquerías protejan el ‘bienestar de los ecosistemas’ y la ‘conservación de las poblaciones de peces’”. Afirmó que “a pesar de que los peces son recursos hidrobiológicos que sustentan nuestra economía, deberían recibir un trato bajo principios éticos mínimos”.
¿Deberíamos cuidar a los animales que satisfacen nuestras diversas necesidades? ¿Aquellos que nos acompañan, nos transportan, nos entretienen, de los que nos alimentamos y cuyos cuerpos utilizamos en experimentos? ¿Y qué hay de los peces?
El clamor llegó desde sectores políticos chilenos vinculados a un modelo de desarrollo extractivista, así como del propio sector industrial. Gerardo Balbontín, gerente general de Blumar, declaró en ese momento que “sería excesivamente optimista pensar que algo positivo saldrá de allí” y censuró la propuesta señalando que “la discusión sobre los peces sintientes ridiculiza el proceso legislativo en lugar de otorgarle la formalidad y seriedad necesarias”.
Con el tiempo, quedó claro quiénes no estaban dispuestos a avanzar en una norma que cuidara el entorno natural. Aquellos que aprovecharon la ocasión para sabotear los cambios a una ley que había sido redactada bajo un contexto de corrupción. La Ley de Pesca es un claro ejemplo de legislación elaborada lejos de los principios éticos tanto empresariales como públicos. Resulta curioso que quienes promovieron esta ley ahora se posicionen como expertos en elaborar legislación correcta.
Ha pasado más de un año y lo que antes se consideraba innecesario para legislar hoy se usa como herramienta de promoción. “Mowi comienza un proyecto millonario para mejorar el bienestar de los peces”, afirma el título en un medio especializado. Curiosamente, es el mismo medio que en 2024 se rió de la indicación del diputado Brito.
El proyecto es llevado a cabo por la filial de Mowi en Escocia en colaboración con el Instituto Roslin de la Universidad de Edimburgo, en un joint venture para mejorar la salud y productividad en la crianza de salmón.
El enfoque del concepto se centra principalmente en los problemas de salud de los peces en las jaulas. No obstante, en la propia página de la compañía enfatizan que esta iniciativa también se relaciona con la bioética: “Preocuparnos por el bienestar de los peces es una responsabilidad ética y forma parte integral de nuestra estrategia empresarial, ya que influye en nuestra productividad y reputación”, aclaran en su sitio web.
Además, reconocen “las cinco libertades aceptadas para el bienestar animal”, establecidas en 1965 y promovidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal, a la que Mowi afirma adherir. Estas son: libre de hambre, sed y desnutrición; libre de miedo y ansiedad; libre de molestias físicas y extremas; libre de dolor, heridas y enfermedades; libre para expresar comportamientos naturales.
Reflexionar sobre nuestra relación con otras especies nunca debería ser un tema prohibido o objeto de burla. Este es un principio fundamental que debemos considerar siempre.
Por Patricio Segura
Fuente fotografía
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