Este miércoles, el abogado Luis Hermosilla sufrió un revés significativo cuando la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó su solicitud de sobreseimiento en la investigación relacionada con el caso Audios y la arista del Parque Capital.
Es importante recordar que esta investigación surgió de un reportaje de Ciper que dio a conocer que Hermosilla colaboró junto a Andrés Chadwick y el exministro de Vivienda Felipe Ward (UDI) para obtener permisos de construcción de manera acelerada que favorecieron al Grupo Patio, un holding de los hermanos Jalaff.
Además, se reveló que los Jalaff compensaron a Luis Hermosilla con 45 mil UF por su trabajo en esta gestión, a pesar de que en ese periodo se encontraba en el cargo de asesor del Ministerio del Interior. Por esta razón, la fiscalía decidió formalizarlo por el delito de tráfico de influencias.
Hermosilla defiende que nunca fue funcionario público
A principios de enero, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de Luis Hermosilla, una decisión que fue ratificada este miércoles por la Corte de Apelaciones.
La defensa argumenta que Luis Hermosilla no era un funcionario público, sino un abogado particular contratado para brindar asesoría en casos concretos. Por lo tanto, sostiene que no cometió ningún delito al actuar también como abogado del Grupo Patio.
Sin embargo, la fiscalía refutó este argumento utilizando testimonios de los sucesores de Andrés Chadwick en el Ministerio del Interior: Gonzalo Blumel, Rodrigo Delgado y Víctor Pérez lo identificaron claramente como parte del gabinete.
Durante la gestión de Rodrigo Delgado, se modificó el contrato de Hermosilla para ampliar sus funciones y aumentar su salario.
Además, el exseremi de Vivienda de la Región Metropolitana, Manuel José Errázuriz, admitió ante el Ministerio Público que accedió a presiones porque sabía que Luis Hermosilla era abogado del Ministerio del Interior.
«Tenía un rol muy relevante en el gabinete del Ministerio del Interior (…) Desempeñaba funciones de asesoría que iban más allá de la defensa jurídica en casos específicos. También hay evidencias claras de su asesoramiento a los funcionarios responsables, así como a los ministros del Interior en aquel momento», expuso el fiscal Miguel Orellana durante el proceso.
«Luis Hermosilla, aprovechando su calidad de funcionario público, ejerció influencias indebidas en los procedimientos administrativos normales para obtener autorizaciones para este proyecto en la Seremía de Vivienda Metropolitana. Gracias a esas influencias, se lograron determinadas autorizaciones administrativas para el proyecto», añadió.
Hermosilla lanza acusaciones contra la fiscal Parra
Luego de la presentación de las partes, la jueza María Carolina Herrera determinó en primera instancia que Luis Hermosilla sí cumple con los requisitos para ser considerado funcionario público, ya que su salario era cubierto por el estado. No obstante, la defensa argumentó que si ese fuera el caso, la propia fiscal Lorena Parra debería ser acusada por tráfico de influencias, dado que ella también mantuvo conversaciones con Luis Hermosilla para coordinar su llegada a la Fiscalía Metropolitana Oriente.
A pesar de las acusaciones lanzadas por Hermosilla, que habló de «matonaje» por parte del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones decidió que no procedía el sobreseimiento del abogado, permitiendo así que el proceso de investigación continúe.
Desde la fiscalía, esperan que el caso avance hacia un juicio oral que permita comprobar la implicancia de Luis Hermosilla en el delito de tráfico de influencias. En cuanto a la formalización de Andrés Chadwick y Felipe Ward, afirman que «no se han tomado decisiones definitivas».
Con Información de www.elciudadano.com