Periodista, ex segunda vicepresidenta nacional del Colegio de Periodistas de Chile.
La violencia de género trasciende los ámbitos privados y no se limita a situaciones extremas de agresión física. En las instituciones estatales, donde se supone que se ofrecen garantías para proteger a las víctimas, el abuso de poder se convierte en una manera estructural de violencia contra las mujeres. Cuando el aparato estatal permite—o al menos no evita—las prácticas de acoso, maltrato y encubrimiento, se establece un modelo de impunidad que desincentiva las denuncias y acentúa la desigualdad.
La denuncia contra Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, ha evidenciado esta problemática. El alegato de violación dentro de la Subsecretaría no solo pone de manifiesto la gravedad de los hechos, sino también cómo las estructuras de poder actúan para diluir responsabilidades y minimizar el efecto de las acusaciones. Más allá del caso concreto, lo alarmante es la respuesta institucional: la falta de sanciones inmediatas y la carencia de un mensaje de condena claro por parte del gobierno refuerzan la percepción de que el poder se protege a sí mismo, incluso a expensas de los derechos de las mujeres.
Este fenómeno no es aislado. La reciente muerte de una funcionaria de la Dirección de Presupuestos (Dipres) ha vuelto a resaltar el impacto del maltrato institucional y la precarización de las condiciones laborales, particularmente para las mujeres. A pesar de que todavía no se han esclarecido todos los detalles, lo que es indiscutible es que la presión y la violencia en el lugar de trabajo pueden acarrear consecuencias fatales. Cuando las mujeres son expuestas a entornos hostiles, donde el abuso de poder es la norma, el Estado deja de ser un garante de derechos y se transforma en un espacio de riesgo.
Este patrón de encubrimiento y protección institucional refuerza la idea de que quienes tienen el poder se sitúan por encima de la justicia, mientras que las víctimas quedan desprotegidas.
Un elemento común en estos casos es la falta de un verdadero enfoque feminista en la gestión del poder. La administración de Gabriel Boric se presentaba como comprometida con los derechos de las mujeres, pero su respuesta ante estas denuncias ha sido, en el mejor de los casos, ambigua y tardía. La escasez de medidas concretas y la tolerancia hacia prácticas que perpetúan la violencia de género evidencia que el discurso y la acción aún están desconectados.
Es fundamental comprender que la violencia de género no se combate exclusivamente con declaraciones o reformas legislativas, sino que es necesario implementar cambios estructurales que eviten el uso de espacios de poder para vulnerar a las mujeres.
La eliminación del «Método Monsalve»—ese modelo que encubre el abuso y desacredita a las víctimas—requiere un compromiso político y una redefinición de cómo se ejerce la autoridad en el Estado.
La interrogante es si el Gobierno está dispuesto a aceptar este reto o si continuará permitiendo que las estructuras patriarcales permanezcan inalteradas dentro de sus propias filas. Por su parte, la ciudadanía tiene la responsabilidad de exigir no solo justicia en casos específicos, sino también cambios reales en las condiciones que posibilitan la perpetuación del abuso.
Si la violencia de género dentro del Estado no se reconoce y se combate con la urgencia necesaria, será difícil avanzar hacia una sociedad verdaderamente igualitaria y justa para las mujeres.
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