Nicolás Salhus Mardones. Abogado laboralista. Magíster en Arbitraje. Diplomado en Derecho de la Empresa. (www.estudioslegales.cl)
En Chile, los documentos del Tipificador de Infracciones y el Manual de Fiscalización de la Dirección del Trabajo son herramientas cruciales que guían la labor de dicha entidad en la supervisión del cumplimiento de la normativa laboral. Su propósito es establecer estándares y procedimientos para garantizar la observancia de la legislación laboral, aunque también plantean desafíos significativos para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que frecuentemente enfrentan sanciones administrativas que pueden amenazar su sostenibilidad. Este análisis aborda el impacto de tales sanciones y destaca la necesidad de modificar el Tipificador de Infracciones para equilibrar la protección de los derechos laborales con la viabilidad de las PYMES.
El Tipificador de Infracciones categoriza sanciones para diferentes tipos de incumplimientos laborales, determinando las multas en función de la severidad de la infracción y el tamaño de la empresa, con el objetivo de aplicar un enfoque proporcional. Sin embargo, en la práctica, estas sanciones pueden resultar desproporcionadas para las PYMES, que a menudo operan con recursos limitados y márgenes de ganancia reducidos.
Por ejemplo, se aplican multas por errores formales, como fallos en la documentación laboral o registros de asistencia. Aunque estos errores no afectan en sí mismo las condiciones laborales, las sanciones pueden ser elevadísimas, lo que representa una carga financiera considerable que podría llevar al cierre de pequeños negocios, afectando negativamente al empleo y a la economía local.
Esta situación se agrava por el hecho de que muchas PYMES carecen de asesoría legal o recursos humanos especializados, volviéndolas más vulnerables a errores involuntarios. Las multas administrativas, que pueden alcanzar cifras millonarias, son un duro golpe para estas empresas que manejan un capital de trabajo limitado y enfrentan numerosos costos fijos. Este panorama desincentiva el emprendimiento y crea un ambiente hostil para las pequeñas y medianas empresas, que son fundamentales para la economía y la generación de empleo en Chile.
En lo que respecta al Manual de Fiscalización, este documenta los procedimientos que los inspectores deben seguir durante los procesos de fiscalización, buscando asegurar un método claro y uniforme en la aplicación de las normativas laborales. Sin embargo, uno de los desafíos principales radica en la posible subjetividad en la interpretación de las infracciones por parte de los inspectores, generando incertidumbre en las PYMES respecto a los resultados de las auditorías.
Además, el manual no proporciona procedimientos diferenciados que contemplen un enfoque más flexible para las PYMES, orientado a la formación y el acompañamiento en lugar de la imposición de sanciones inmediatas. La falta de este enfoque fomenta un ambiente de temor y desconfianza en torno a las fiscalizaciones, en lugar de incentivar un cumplimiento activo y cooperativo de la normativa.
El impacto de las multas administrativas en las PYMES no solo se limita a los costos económicos directos; también existen efectos colaterales que merecen atención:
- Desincentivo a la formalización: Muchas pequeñas empresas optan por operar de manera informal debido al temor a no cumplir con regulaciones rigurosas y enfrentar sanciones excesivas.
- Pérdida de empleo: Las PYMES son una fuente crucial de empleo en Chile. Frente a multas elevadas, a menudo se ven obligadas a reducir su personal o, en situaciones críticas, cerrar, lo que incrementa el desempleo y afecta a las comunidades locales.
- Afectación a la innovación y el crecimiento: Las pequeñas empresas suelen destinar una parte significativa de sus recursos a la innovación y el crecimiento. Sanciones desproporcionadas desalientan estas inversiones, obstaculizando su capacidad de competir y desarrollarse.
- Clima de incertidumbre y desmotivación: La percepción de un entorno regulatorio punitivo propicia incertidumbre y desánimo entre los emprendedores, influyendo negativamente en su moral para crear empresas que contribuyan al desarrollo económico del país.
Ante esta realidad, resulta urgente revisar el Tipificador de Infracciones con el objetivo de:
- Reducir el costo de las sanciones: Implementar un esquema de multas que se ajuste a la capacidad económica de las PYMES, ya que estas empresas no cuentan con los recursos de las grandes corporaciones, integrando recursos administrativos como el antiguo RAS que permitía corregir y minimizar el impacto económico en la empresa de forma razonable.
- Incorporar un enfoque preventivo y educativo: Los incumplimientos menores deberían ser abordados con advertencias y capacitación, en lugar de sanciones inmediatas, fomentando así el cumplimiento voluntario.
- Diferenciar entre infracciones formales y sustantivas: Las sanciones deben ser más estrictas para las faltas que impacten directamente los derechos fundamentales de los trabajadores, mientras que las infracciones formales podrían resolverse a través de procedimientos correctivos.
- Promover la digitalización y simplificación de los procesos: Muchos incumplimientos formales derivan de la complejidad de los trámites administrativos. Proveer herramientas digitales y simplificar requerimientos podría reducir significativamente las infracciones involuntarias.
La normativa laboral y su fiscalización deben salvaguardar los derechos de los trabajadores sin poner en peligro la existencia de las empresas que generan empleo y enriquecen la economía. Por lo tanto, es esencial que la Dirección del Trabajo adopte un enfoque más equilibrado y adaptado a la realidad de las PYMES. Ajustar el Tipificador de Infracciones, incorporando medidas proporcionales, preventivas y educativas, no solo aumentará el cumplimiento de la normativa, sino que también fomentará un entorno laboral más justo y sostenible.
Como lo afirmó el economista Joseph Stiglitz, “la regulación eficiente no es aquella que impone costos excesivos, sino la que promueve el cumplimiento y el desarrollo”. Es responsabilidad de todos los actores, tanto públicos como privados, colaborar en la creación de un sistema que apoye a las PYMES y fomente un equilibrio justo entre el desarrollo empresarial y la protección de los derechos laborales.
Con Información de chilelindo.org