La Contraloría General encontró graves irregularidades en los servicios de salud responsables de la destrucción de drogas incautadas, con retrasos de hasta 384 días en procesos críticos.
La Contraloría General de la República llevó a cabo una auditoría en 10 de los 29 servicios de salud encargados de recibir y destruir drogas incautadas, descubriendo graves deficiencias en sus procedimientos. En algunos casos, las sustancias permanecieron sin protección durante hasta 288 días, superando el límite legal de 24 horas. Además, la eliminación de las drogas sufrió retrasos de hasta 31 días, exponiendo a los centros a riesgos de seguridad.
Además, muchos centros carecen de instalaciones adecuadas para almacenar estas sustancias, teniendo que colocarlas en oficinas, estantes y pasillos, lo que pone en peligro tanto al personal como a la preservación de los decomisos. Se observó también la falta de hornos especializados para la destrucción de drogas.
La auditoría reveló que, en ocasiones, los servicios de salud tardaron hasta 384 días en informar a la Fiscalía sobre la destrucción de las drogas, incumpliendo el plazo legal de cinco días. Esta situación genera procesos poco transparentes que facilitan posibles pérdidas o robos.
Además, el informe señaló que una Unidad de Decomiso sufrió el robo de 957 muestras de cannabis no analizadas, evidenciando graves fallas de seguridad, como la falta de cámaras y puertas blindadas. Estas irregularidades, junto con el incumplimiento de normas, resaltan la necesidad urgente de reformas estructurales.
Por último, se registraron 422 retrasos en el proceso de incineración de drogas, acumulando más de 11 toneladas de sustancias ilícitas esperando ser destruidas. Las visitas de inspección realizadas por altos funcionarios confirmaron que estas deficiencias ponen en peligro el cumplimiento de la Ley 20.000, que regula el tráfico de estupefacientes.
Con Información de chilelindo.org