La Cámara de Diputados ha respaldado las modificaciones propuestas por el Senado para el proyecto presentado por el Ejecutivo, con el fin de establecer un plazo y condiciones para la inhumación o entierro en funerales considerados de riesgo para la seguridad y el orden público.
Este proyecto regula la realización de funerales que puedan representar un riesgo fundamentado para la seguridad y el orden público, después de una calificación efectuada por el delegado presidencial, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.
Según esta propuesta, la autoridad correspondiente deberá disponer, en el menor plazo posible, que la inhumación o cremación se realice dentro de las 24 horas siguientes a su notificación. Sin importar la clasificación de riesgo, Carabineros tendrá la capacidad de evaluar el nivel de riesgo de los funerales según lo considere necesario para sus operaciones y estrategias.
La resolución emitida por el delegado presidencial tomará en cuenta un informe técnico de Carabineros que incluirá antecedentes delictivos del fallecido, las circunstancias de su muerte, y cualquier otro aspecto que el reglamento estipule.
Este informe deberá ser presentado al delegado presidencial en un plazo máximo de dos horas desde que se tenga conocimiento del fallecimiento. Al mismo tiempo, la institución determinará el tipo de despliegue y recursos necesarios para gestionar el riesgo asociado al funeral y comenzará a implementar las acciones operativas necesarias.
Para la evaluación de riesgo, el delegado puede solicitar información adicional a la PDI y a Gendarmería. Además, cualquier organismo de la administración estatal que cuente con información sobre un posible riesgo en un funeral deberá comunicarlo de inmediato a la Delegación Presidencial Regional. Toda esta información será confidencial.
En cuanto al plazo para el entierro, la futura legislación establece que el proceso funerario completo debe llevarse a cabo en un máximo de 24 horas. Esto incluye la inscripción de la defunción en el Registro Civil, la identificación y el traslado del fallecido desde el lugar de la muerte o el Servicio Médico Legal hasta el lugar de sepultura o cremación. Además, la inhumación debe realizarse en un cementerio o crematorio autorizado según el Código Sanitario.
Una vez emitida la resolución del delegado, se notificará de inmediato al Registro Civil. Asimismo, la notificación de esta resolución será realizada personalmente por Carabineros a un adulto, siguiendo un orden específico: cónyuge o conviviente civil sobreviviente, hijos, ascendientes y hermanos.
En relación a los delitos en el contexto de funerales de riesgo, se establece que las penas aplicables no incluirán el grado mínimo. Por ejemplo, en infracciones relacionadas con la ley de armas o el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes.
En este sentido, se consideran delitos cometidos dentro del cementerio o crematorio donde se lleve a cabo la sepultura o cremación del fallecido, así como durante la ceremonia fúnebre, sus alrededores o durante el traslado del cortejo. Se entenderá por inmediaciones una distancia de mil metros desde los límites del cementerio.
Asimismo, Carabineros podrá determinar la ruta del traslado del fallecido y garantizar la seguridad durante todo el proceso funerario. También tendrán la autoridad para verificar la identidad de los participantes y prohibir la entrada de objetos que puedan causar lesiones o daños, así como de personas bajo los efectos de alcohol o drogas.
Aquellos que incumplan las restricciones establecidas para estos funerales se enfrentarán a penas de presidio menor en su grado medio (de 541 días a 3 años y un día) y una multa de entre 10 y 20 UTM.
En cuanto al debate, la mayoría de los legisladores ven como positivo este avance hacia el control de los delitos asociados a los «narcofunerales», que generan temor en las comunidades y obstaculizan actividades cotidianas. Destacaron que se brindan nuevas herramientas a Carabineros para asegurar la seguridad ciudadana.
Sin embargo, la oposición considera que la norma es insuficiente y critica que se legitimen este tipo de funerales de alto riesgo ligados al narcotráfico y al crimen organizado. Algunos diputados expresaron su deseo de que el texto sea enviado a la Comisión Mixta, al considerar que se están asignando más responsabilidades a Carabineros.
Desde el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, enfatizó que no se busca normalizar estos funerales, sino sancionarlos. También destacó que la medida reduce el plazo para llevar a cabo el funeral de 48 a 24 horas y establece que no habrá velorios, pasando directamente al cementerio.
Además, desestimó que esta ley sobrecargue las funciones de Carabineros, mencionando que actualmente ya elaboran informes sobre los antecedentes delictivos de los fallecidos.
Con Información de chilelindo.org