La reciente implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, conocida popularmente como «Ley Papito Corazón», ha marcado un hito significativo en la protección de los derechos de niños, niñas, adolescentes, y sus cuidadores en Chile.
A nueve meses de su entrada en vigor, esta legislación ha provocado un aumento impresionante del 310% en los pagos de pensiones de alimentos, demostrando su eficacia y el compromiso del Estado con la garantía de los derechos económicos de los menores y sus familias.
Desde su implementación en mayo de 2023, los tribunales han realizado 49.604 operaciones de pago, sumando un total de 162.731 millones de pesos chilenos.
¿A qué se debe el incremento?
Este incremento notorio se debe a la facultad otorgada a los Tribunales de Familia para investigar y acceder a cuentas financieras, de ahorro previsional voluntario y obligatorio del deudor.
En caso de encontrar fondos suficientes, los tribunales pueden autorizar el retiro de estos para cumplir con las deudas de alimentos pendientes.
El impacto de esta ley se extiende más allá de los números. Cada operación de pago refleja un avance hacia la justicia social y el fortalecimiento de la protección legal de los más vulnerables.
El hecho de que las AFP Provida hayan liderado con el mayor número de operaciones concretadas destaca la amplitud de la intervención del sistema previsional en este proceso.
El promedio de pago por operación ha sido de 3.380.594 pesos chilenos, lo que indica una mejora significativa en el apoyo económico recibido por las familias beneficiarias.
Además, se espera que la inyección presupuestaria para el año 2024 mejore aún más los tiempos de ejecución de la normativa, ampliando el alcance y beneficiando a un mayor número de familias.
Al asegurar una fuente de ingreso para los cuidadores, en su mayoría madres, la ley no solo proporciona un mecanismo de justicia económica sino que también contribuye a la estabilidad y bienestar emocional de los menores afectados.
La «Ley Papito Corazón» es un ejemplo palpable de cómo las políticas públicas y la legislación pueden influir de manera positiva en la vida de las personas, demostrando el compromiso del gobierno y la sociedad con el bienestar de las familias y, en especial, con los derechos de los niños y adolescentes