El Presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció la anulación de 25 pensiones de gracia previamente otorgadas a individuos con antecedentes penales, admitiendo fallos en el proceso de concesión. Durante su declaración, Boric señaló la existencia de errores legales y administrativos en la asignación de estas pensiones, subrayando que no se contaba con toda la información necesaria en el momento de la entrega. En total, se han otorgado 18 mil pensiones de gracia, de las cuales 418 están relacionadas con el estallido social en Chile, y alrededor de 60 de ellas se otorgaron a personas con antecedentes penales.
El mandatario explicó que, aunque se revocarán ciertas pensiones, aquellos afectados por la pérdida de un ojo durante las protestas sociales seguirán recibiendo el beneficio, aunque deberán enfrentar cualquier responsabilidad penal correspondiente. Este enfoque subraya la distinción entre la reparación por violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad penal individual.
Un informe de la Contraloría General reveló que 58 de las pensiones fueron asignadas a condenados por delitos violentos, y algunos beneficiarios carecían de la documentación médica necesaria para ser considerados víctimas de violaciones a los derechos humanos. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, atribuyó parte de la responsabilidad al gobierno anterior, liderado por Sebastián Piñera, asegurando que las pensiones se otorgaron siguiendo el procedimiento legal establecido.
No obstante, Boric reconoció problemas en el proceso de otorgamiento y ordenó una revisión exhaustiva de todas las pensiones de gracia. Esta medida ya ha resultado en la revocación de 25 pensiones por incumplimiento de los requisitos necesarios. El presidente no descartó la posibilidad de futuras revocaciones, señalando que el problema legal trasciende administraciones gubernamentales específicas y que su gobierno está trabajando en soluciones.