Este proyecto incluye mejoras a la Pensión Garantizada Universal (PGU) y establece varios beneficios y modificaciones regulatorias, según se detalla en el Boletín N° 15480-13.
Previamente, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y envió a Sala el proyecto de ley de Reforma Previsional (Boletín 15480). La Comisión apoyó los elementos pendientes del proyecto, enfocándose principalmente en la PGU y su financiamiento. Se acordó que cada cuatro años se evaluará la posibilidad de aumentar gradualmente el monto de la PGU, basándose en una evaluación del Consejo Fiscal Autónomo. Posteriormente, los ministerios de Hacienda y Trabajo presentarán una propuesta conjunta, considerando la sostenibilidad financiera.
Además, se anticipa la presentación de un proyecto de ley sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias. Si se aprueba antes de mayo, podría realizarse el primer incremento de la PGU a fin de año, alcanzando los 250 mil pesos.
También se aprobaron modificaciones al beneficio del seguro de cesantía, buscando fortalecer el seguro para lagunas previsionales a través de un mecanismo que mejore la densidad de las cotizaciones.
Durante la sesión, se destacó la disposición del Ejecutivo para modificar las tablas de mortalidad actuales, integrando propuestas de diferentes sectores políticos. Estas sugerencias, que incluyen la creación de un Seguro de Longevidad para ajustar el cálculo del retiro programado, serán presentadas por el Gobierno en el Senado.
La diputada Gael Yeomans (PCS) será la encargada de informar sobre el texto en la Sala.
En relación con otros aspectos de la reforma previsional, el pasado viernes se aprobaron elementos adicionales del proyecto. Entre ellos, la creación del Seguro Social Previsional, que contempla la división del 6% de cotizaciones adicionales entre capitalización individual y sistema de reparto. Así, un 3% se destinará a la capitalización individual con solidaridad intrageneracional y el otro 3% al seguro social, asegurando una garantía de 1 UF por cada 10 años cotizados.
Además, se aprobó la creación de los Inversores de Pensiones Privados (IPP), que reemplazarán a las actuales AFPs, y normativas sobre el Inversor de Pensiones del Estado (IPE), un ente público que gestionará fondos de pensiones.