A continuación, presentamos el discurso completo de Gloria Ana Chevesich, quien recientemente asumió como Presidenta de la Corte Suprema de Chile:
Señor Presidente, agradezco su presencia en este acto tan significativo, tanto para mí como para la mayoría de las mujeres de nuestro país.
I.- En este momento especial, quiero reconocer a quienes han sido fundamentales en este camino, comenzando con mis padres, Laura y Jorge. Agradezco especialmente a mi madre, cuya dedicación permitió que mis hijas se sintieran amadas y protegidas, brindándome la tranquilidad necesaria para avanzar en mi carrera.
También tengo presente en mi mente a mi difunto marido, Andrés, quien siempre me motivó a seguir mis sueños y quien, a pesar de su ausencia, me enseñó que el amor se transforma, pero nunca desaparece.
Mis hijas, Josefina y Francisca, gracias por su inspiración y por enseñarme que el amor es clave para perdonar. Agradezco también a mis nietos, Agustín y León, quienes me traen felicidad y conexión con la vida.
Un agradecimiento especial a mi compañero, Carlos, por ser mi soporte diario, su apoyo y guía han sido esenciales en este recorrido, gracias por aceptarme tal como soy.
Gracias a mi secretaria abogada, Vanessa, por su dedicación y constante apoyo, que han sido vitales para que pueda cumplir mis responsabilidades.
Agradezco a cada persona que forma parte de esta Corte y de la Corporación Administrativa, así como a los funcionarios de cortes de apelaciones y tribunales, cuyo trabajo conjunto ha permitido enfrentar difíciles desafíos y dolor institucional, gracias a un esfuerzo colaborativo que sería imposible sin su compromiso.
Todas estas experiencias me han enseñado la importancia de escucharnos y reconocer nuestras necesidades comunes para avanzar, porque no hay logros sin reciprocidad en nuestras relaciones.
II.- Asumo la presidencia de la Corte Suprema plenamente consciente de mis deberes y atribuciones, así como del mandato del Pleno para resolver asuntos en las áreas directivas, económicas y disciplinarias para garantizar un buen gobierno del Poder Judicial. Todo esto está claramente definido en el Código Orgánico de Tribunales, y debe ser acatado sin discusión.
III.- En reflexionar sobre una expresión que se ha vuelto popular, el Poder Judicial chileno ha tenido tiempos difíciles. Desde octubre de 2024 hasta ahora, hemos visto la remoción o destitución de tres miembros de este tribunal y dos de la Corte de Apelaciones de Santiago por acciones que afectan su probidad en el ejercicio de sus funciones, reconocidas por todos.
Estos son hechos graves que han llevado a una crisis profunda, especialmente considerando que involucran a miembros de tribunales superiores. Esto añade un motivo más para el desprestigio generalizado que enfrentamos ante la opinión pública.
No pretendo minimizar lo sucedido, pero tampoco quiero que esta percepción se extienda a todos los que formamos parte de este poder del Estado, ni que llevemos la carga de los calificativos negativos que algunos usan al referirse a nosotros.
El Poder Judicial cuenta con alrededor de 14,000 funcionarios, incluidos en los Escalafones Primario y Secundario, así como en el Personal de Empleados.
Tiempo atrás, cumpliendo una tarea encomendada por el Consejo Directivo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, hice un recorrido por todo el país, visitando cada una de las cortes de apelaciones y tribunales de primera instancia, a excepción de ciertos juzgados, con los que me reuní de manera telemática. En total, visité 465 unidades judiciales, donde constaté el trabajo comprometido y profesional de sus funcionarios, preocupados por brindar un mejor servicio. Es injusto y doloroso que, por los errores de unos pocos, se vean afectados aquellos que cumplen honestamente con su tarea.
He tenido experiencias similares al coordinar el funcionamiento de las cortes y tribunales durante la pandemia, así como al implementar diversas leyes que protegen los derechos sociales, lo que me ha permitido escuchar las inquietudes de quienes trabajan en el Poder Judicial.
Alzo mi voz en nombre de ellos para decir que las acciones de unos pocos no deben ser una marca para la vasta mayoría que trabaja con honradez.
Aunque puede haber otros con comportamientos similares, lo que sí sé es que la mayoría de nosotros somos servidores públicos, comprometidos a servir y no a usar el cargo para beneficio personal, y esta debe ser la base sobre la cual meditemos ante los tiempos que vivimos.
Ante estos hechos, mi antecesor, el ministro Blanco, convocó a la Comisión de Ética de esta Corte, que investigó los casos y presentó sus hallazgos al Pleno, que a su vez adoptó decisiones y abrió cuadernos de remoción cuando fue necesario. Asimismo, se aprobó el Código de Ética Judicial para guiar la conducta de los funcionarios.
Creo que actuamos con la mayor prontitud posible, y si algunos consideran que nuestra respuesta fue tardía, debe recordarse que los tiempos de las investigaciones judiciales son diferentes a aquellos del Congreso Nacional.
Además de las medidas adoptadas para salvaguardar la probidad, quiero que sepa la Corte que existe voluntad de actuar con celeridad ante nuevos hechos de esta índole que puedan surgir.
IV.- Sin embargo, la percepción negativa de la sociedad no se limita a los hechos que he mencionado. Existen otros motivos que alimentan el descontento ciudadano, como el atraso en el procesamiento de causas en los tribunales y la falta de atención a los usuarios del sistema. Quizás la crítica más dolorosa es la idea de que hay «una justicia para ricos y otra para pobres.»
Coincido plenamente con la afirmación que sostiene que la justicia que se demora deja de ser justicia.
El atraso en la emisión de sentencias y en la programación de juicios es evidente y afecta no solo a las partes involucradas, sino también a sus abogados y a nosotros, quienes nos vemos abrumados por la realidad. A pesar de los esfuerzos realizados, no hemos podido resolver esta crítica situación.
A menudo se escuchan quejas sobre la mala atención brindada a quienes llegan a los tribunales, especialmente aquellos sin la asesoría adecuada, quienes obtienen en cambio desdén o maltrato. Aunque no es una conducta generalizada, impacta negativamente en el Poder Judicial cuando ocurre.
La percepción de una justicia diferente para ricos y pobres es compartida por muchos; se argumenta que se favorece a ciertos litigantes solo por su condición económica. Esta crítica merece un análisis profundo, teniendo en cuenta nuestras propias responsabilidades y la desinformación que puede distorsionar la realidad.
Personalmente, rechazo a quienes intentan hacer valer privilegios y he demostrado esto claramente.
Lo que realza nuestra labor es, entre otras cosas, el trato equitativo que debemos ofrecer a todos los justiciables.
Un fallo incorrecto, que los hay (somos humanos y falibles), no puede eclipsar los cientos de decisiones que se toman a diario en nuestros tribunales, las cuales resuelven disputas y contribuyen a la paz social.
Soy consciente de que algunos piensan que no deberíamos considerar la opinión pública al tomar decisiones, y estoy de acuerdo, si esto significa que solo debemos basarnos en el mérito de las alegaciones y pruebas. Sin embargo, no debemos ser indiferentes a cómo se evalúan nuestras actuaciones en aspectos no jurisdiccionales. La credibilidad y el respeto son fundamentales en un sistema de justicia adecuado.
Además de asumir nuestras responsabilidades, es importante considerar otros factores que impactan nuestro trabajo.
Uno de estos factores es el «gobierno judicial», que requiere que miembros de esta Corte asuman tareas administrativas y disciplinarias, lo cual, aunque es necesario, no debe distraernos de nuestra obligación principal, que es la jurisdicción.
A su vez, la judicialización de problemas que deberían ser resueltos por otros ámbitos ha llevado a una sobrecarga de trabajo en los tribunales, dificultando cumplir con el principio de inexcusabilidad. Un claro ejemplo son los miles de recursos de protección relacionados con el aumento de tarifas de ISAPRES, un tema que debía ser abordado legislativamente.
Asimismo, el abuso del sistema recursivo se utiliza no para argumentar legítimamente, sino para dilatar trámites, a sabiendas de que no tienen razón.
Además, se han promulgado leyes que han creado nuevas y complejas tareas para los tribunales sin proporcionar el financiamiento necesario, lo que dificulta cumplir con estas nuevas responsabilidades con los recursos ya limitados y retrasa otras tareas.
Se pueden citar varias leyes, como la que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que ha requerido un gran esfuerzo administrativo, desde conectar sistemas hasta actualizar deudas, todo para proteger a quienes tienen derecho a recibir alimentos.
La gestión ha permitido que se logren cifras históricas, como más de 3 billones de pesos que representan el impacto económico de las decisiones de los juzgados de familia del país, afectando a 338,224 personas que están inscritas en el registro mencionado.
V.- Necesitamos superar estos desafíos, y para ello es esencial reconocer su existencia. Queramos o no, los múltiples factores que los han originado, especialmente las cuestiones de probidad, son evidentes. No se trata de una mera percepción negativa o una campaña difamatoria; es una realidad que debemos afrontar.
Es fundamental que reflexionemos y dialoguemos, porque el problema nos concierne a todos. Una justicia que se aleja de sus principios de independencia, imparcialidad y probidad genera un desprestigio que afecta no solo al servicio judicial, sino también al Estado de Derecho y a nuestra democracia.
Todos estamos llamados a aportar, y personalmente, buscaré soluciones para los problemas que nos afectan, como los retrasos en la programación de juicios y la atención deficiente al público. Promoveré encuentros que nos permitan expresar propuestas que llevaré al Pleno, aunque puedan ser modestos, reflejan la voluntad de escuchar y provocar un cambio.
Espero que los otros poderes del Estado compartan esta voluntad de cambio y prioricen el estudio de proyectos legislativos esenciales, como la reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial, que permitiría enfocarnos exclusivamente en la jurisdicción.
También es fundamental avanzar en la tramitación del proyecto que crea un Tercer Juzgado del Trabajo en Santiago y aumenta la dotación de jueces en otras ciudades, dado el impacto social de los conflictos laborales. La Lentitud en la programación de audiencias requiere atención inmediata.
Además, sabemos que se está estudiando un proyecto en el Ministerio de Justicia que introduce la figura del “juez de inicio” y modifica ciertos aspectos de la ley de la Academia Judicial, con el fin de dotar de magistrados a áreas jurisdiccionales que no son atractivas para postulantes. Este avance sería beneficioso y esperemos verlo pronto como iniciativa legislativa.
VI.- La experiencia institucional reciente ha sido dolorosa, llevándonos a reflexionar sobre el verdadero significado del servicio público. Servir no es solo cumplir una tarea, sino un sincero deseo de ayudar y contribuir al bienestar. Cuando esto se pierde, la motivación se afecta, algo humano y comprensible.
El dolor puede abrir vías para el cambio, pero necesita de empatía, escucha activa y comunicación continua. Si deseamos administrar justicia, es esencial cuidar de quienes la hacen posible, reconociendo el valor de cada persona en este proceso.
Nos corresponde entonces avanzar hacia una ética del cuidado, que priorice las emociones y las personas. Lo que se reprime o se sufre se manifiesta en el ámbito laboral y comunitario, exigiendo prácticas adecuadas y una sensibilidad sincera y empática, en consonancia con nuestra misión de servicio.
Humanizar el servicio público implica fomentar el diálogo, la escucha y la colaboración, creando espacios donde cada voz sea tomada en cuenta. Solo así podremos enfrentar los desafíos con unidad y sabiduría, moviéndonos hacia una conciencia social más compasiva y comprometida con la justicia y la dignidad humana.
VII.- Como se puede observar, la mejora del sistema de justicia es tarea colectiva, buscamos escuchar y ser escuchados, porque el objetivo es el mismo.
Por último, espero que la espera no sea prolongada.
Mientras tanto, los invito a reflexionar sobre un mensaje contundente que resuena desde hace siglos: Ulpiano afirmó que “lo que el Derecho ordena es vivir con Honestidad, no causar daño a nadie, y dar a cada uno lo que le corresponda”.
Si este es un llamado a orientar nuestras acciones, quiero compartir otra visión que invita a la reflexión; Eduardo Couture, un destacado jurista uruguayo, escribió que “el derecho es ciencia, la abogacía es arte y la justicia es religión”. El significado de su mensaje queda abierto a la interpretación de cada uno.
VIII.- Por último, quiero destacar que mi llegada a la presidencia de la Corte Suprema es un hito en la historia chilena, marcando el fin de más de 200 años de una tradición que impedía a las mujeres acceder a este alto cargo en la magistratura, mientras que en los otros poderes del Estado esto ya era una realidad. Estoy aquí, ante ustedes y ante las niñas, adolescentes y mujeres de Chile, para reafirmar que, a pesar de las barreras de género, no hay límites insuperables, y que con esfuerzo, estudio y perseverancia, las mujeres podemos ocupar las más altas responsabilidades en cualquier disciplina.
Estas son mis reflexiones, convicciones y aspiraciones, gracias por su atención.
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