Un informe de la Dirección de Presupuestos ha dado a conocer que, a pesar de que más de 29 mil funcionarios están involucrados en el uso indebido de licencias médicas, solo 262 han sido destituidos, mientras que la mayoría de los sumarios se encuentran en trámite.
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Un reciente balance de la Dirección de Presupuestos ha generado preocupación sobre el uso indebido de licencias médicas en el sector público. Este séptimo informe consolidado de procedimientos disciplinarios se elabora bajo la Ley de Presupuestos 2026 y evidencia una gran discrepancia entre los casos identificados y las sanciones impuestas.
El informe, respaldado por datos de la Contraloría General de la República, indica que hasta el 31 de diciembre de 2025 se registraron 40.629 licencias médicas mal utilizadas, involucrando a 29.270 funcionarios públicos del Gobierno Central.
De ese total, 23.745 funcionarios permanecen activos, mientras que 5.525 ya no son parte de la administración pública. No obstante, 2.947 de estos últimos están bajo sumarios administrativos, a pesar de no ocupar cargos vigentes en el Estado.
En cuanto a los procedimientos, hay 26.692 funcionarios cuyas situaciones requieren investigación. De ellos, 25.352 sumarios están en curso, aunque la mayoría aún no tiene resolución: 21.098 permanecen activos y solo 4.254 han sido decididos por la autoridad competente.
La desigualdad es más evidente en los casos finalizados. De los 1.543 casos cerrados con resolución ejecutoriada, únicamente 262 funcionarios fueron destituidos, lo que representa aproximadamente el 1% del total de implicados. El resto recibió sanciones menores o no fue castigado: 577 fueron absueltos o sobreseídos, 584 con censura, 65 suspendidos y 55 multados.
Además, 2.711 funcionarios tienen procesos pendientes de ejecución, debido a impugnaciones u otros trámites administrativos. También se reporta que 1.009 personas renunciaron antes de que se iniciara un procedimiento disciplinario, reduciendo así las potenciales sanciones.
El informe también analiza el impacto financiero: las licencias en cuestión tienen un promedio de 22,1 días y, considerando un salario bruto promedio de $1,9 millones, estos funcionarios recibieron en total $36.876 millones durante sus períodos de ausencia.
En cuanto a la procedencia de los casos, 4.061 funcionarios ingresaron al Estado desde marzo de 2022, mientras que 23.667 pertenecen a administraciones anteriores. Las principales razones identificadas incluyen salidas del país (33%), ausencias en servicios regionales (35%) y asistencia a juegos de azar (21%).
Con Información de chilelindo.org
