Es fundamental fortalecer el poder supranacional (gobernanza global) de las instituciones del sistema jurídico internacional, como la ONU, garantizando su independencia y dotándolas de mecanismos eficaces. Deben definir acciones vinculantes que aseguren la protección de los derechos humanos y la democracia, priorizando estos principios sobre la ley del más fuerte, en un marco de soberanía estatal coherente. ¡Que así sea!
El debate internacional se encuentra atrapado en un enfoque binario y polarizado, exacerbado por un atrincheramiento ideológico que hereda dinámicas de la Guerra Fría, lo que dificulta la capacidad de escuchar y aceptar la legitimidad del otro en sus ideas y argumentos. Los temas principales giran en torno a la defensa de la soberanía estatal y el derecho a la autodeterminación, frente a la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. ¿Cuándo se prefiere uno sobre el otro? ¿Cómo se protegen estos principios en el ámbito internacional? La falta de atención a estos debates propicia un ambiente donde impera la Ley de la Selva. En diversas regiones del mundo, las potencias actúan de manera arbitraria e impune, utilizando su poder para alcanzar objetivos económicos y políticos.
La prolongada crisis en Venezuela y su elevado costo humanitario son ejemplos que desafían la eficacia de las Naciones Unidas y la institucionalidad global. La intervención unilateral de Estados Unidos añade confusión, dada la duda sobre sus verdaderas motivaciones e intereses. La ineficacia de la institucionalidad internacional contrasta con intervenciones unilaterales que a menudo producen cambios drásticos (como en el caso de Venezuela), lo que alimenta un estado de vulnerabilidad para los principios democráticos y de derechos humanos, arriesgando una mayor desestabilización y crisis humanitaria.
En el ámbito político y jurídico internacional, la Paz de Westfalia (1648) establece las bases de los Estados modernos y los principios fundamentales de las relaciones internacionales: a) la soberanía de los Estados, b) su igualdad y c) la no injerencia en asuntos internos. Sin embargo, desde entonces, la sociedad ha evolucionado, mostrando las limitaciones prácticas del Orden Westfaliano. La revolución digital y la globalización cuestionan la vigencia de estos principios, difuminando fronteras y generando nuevos desafíos globales: derechos humanos, cambio climático, migraciones forzadas, narcotráfico, ciberdelincuencia, entre otros. La soberanía estatal, al considerar el derecho inalienable al poder dentro de un territorio, se ve desafiada por la primacía de los principios democráticos y los derechos humanos, desarrollados en el siglo XX. Esta contradicción revela la inoperancia de la intelectualidad y la institucionalidad supranacional, sobre todo frente a la unilateralidad de las grandes potencias. Lo que se requiere es una reconciliación entre la soberanía estatal y la nueva realidad digital, equilibrando la autonomía de los Estados con la defensa de derechos humanos y democracia a nivel global. Algunos sostienen que la soberanía implica control sobre el propio destino, un concepto que parece desvanecerse en un mundo interdependiente. Otros, en cambio, destacan la soberanía desde un enfoque digital, queriendo mantener el control sobre datos críticos sin renunciar a la innovación global. El reto es combinar la soberanía estatal, fundamento de Westfalia, con la defensa universal de los derechos humanos, que algunos consideran un imperativo moral y jurídico superior a la soberanía misma.
La defensa de la soberanía estatal, como en los casos de Cuba y Venezuela, ha permitido que la erosión de la democracia y el abuso de los derechos humanos persistan durante décadas, generando dolorosas realidades. La ausencia de mecanismos eficaces para contrarrestar these abusos y la inacción demuestran una lentitud estructural, falta de coherencia ética y un ideologismo miope. Es imperativo trascender la visión unilateral y militante, superando la pasividad de quienes deberían actuar y que no hacen más que comentar.
La clave está en construir nuevos consensos, adaptándose a la Sociedad Digital y sus nuevas realidades. Esto requiere complementar el concepto de soberanía estatal con nuevos tratados y normas que se alineen con los desafíos supranacionales mencionados. Se han propuesto diversas soluciones, desde la creación de tribunales internacionales con capacidad sancionadora, hasta la implementación de mecanismos de mediación. El poder supranacional de organizaciones como la ONU debe ser robustecido, asegurando su independencia, implementando mecanismos efectivos y definiendo acciones vinculantes que protejan los derechos humanos y la democracia, prevaleciendo sobre la ley del más fuerte, en concordancia con una soberanía estatal legítima. ¡Que así sea!
[1] Ejemplos de intervenciones unilaterales o militares sin el aval de organismos internacionales incluyen el embargo de Estados Unidos a Cuba, la anexión de Crimea por Rusia (2014), que violó la soberanía de Ucrania, la intervención de China en el Mar del Sur y el Tíbet, la invasión de Irak en 2003, y la expansión de Rusia en Europa del Este.
[2] La Paz de Westfalia es un conjunto de tratados firmados en 1648 que puso fin a la Guerra de los Treinta Años en el Sacro Imperio Romano Germánico y a la Guerra de los Ochenta Años entre España y los Países Bajos, fundamentando así la base de los Estados modernos y de las relaciones internacionales.
Carlos Cantero Ojeda es Geógrafo, Máster y Doctor en Sociología.
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