El objetivo de fortalecer la Dirección de Educación Pública y definir con claridad el rol rector del Ministerio de Educación incluye la creación de instancias y mecanismos para facilitar la coordinación intersectorial. Esto forma parte del proyecto que ha sido aprobado por la Sala de la Cámara y que ahora va al Senado para su tercer trámite.
La iniciativa también busca proporcionar herramientas que permitan una gestión administrativa y financiera más flexible para los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Con este fin, el texto mejora la Ley 21.040, que estableció el sistema de educación pública, así como otros cuerpos legales. Su propósito es abordar los problemas de gestión e implementación que se han identificado desde la promulgación de la mencionada normativa. A continuación, se detallan los ejes principales:
- Asegurar un adecuado traspaso del servicio educativo.
- Mejorar la administración y el apoyo técnico pedagógico en los SLEP.
- Fomentar la conexión entre los SLEP y las comunidades educativas.
- Aumentar la coordinación y el monitoreo del sistema.
Entre los aspectos específicos, se destaca la obligatoriedad del Plan de Transición, perfeccionando los mecanismos para su seguimiento y fiscalización, y estableciendo la responsabilidad del alcalde o alcaldesa en su cumplimiento. También se amplía el plazo legal para el traspaso de dos a dos años y se permite solicitar una postergación hasta 2035 en casos excepcionales.
El texto, además, optimiza el proceso de selección de directores ejecutivos y modifica las normas de responsabilidad de estos. También se prevé la creación de oficinas locales bajo ciertos criterios objetivos relacionados con la conectividad, distancia y tiempo de traslado.
Otras mejoras en educación pública
Simultáneamente, se fortalecen las atribuciones de la Dirección de Educación Pública para implementar medidas de prevención ante crisis en los SLEP, asumiendo la responsabilidad de coordinar y conducir estratégicamente el sistema para su continuo desarrollo y mejoramiento.
Se establece un Fondo de Infraestructura Escolar destinado a financiar la construcción, adquisición, reposición, reparación, mantención y renovación de los establecimientos educativos dependientes de los SLEP. Además, se crea un Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, encargado de asesorar al Presidente en la evaluación del proceso de instalación y funcionamiento de los SLEP.
Otros puntos contemplados en este proyecto incluyen la Unidad de Infraestructura; equipos regionales de apoyo para la implementación de los SLEP; el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal y Plan Anual; y el rol fiscalizador de la Superintendencia de Educación Pública en el sistema.
Respecto al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), se extiende su funcionamiento para un nuevo período, desde 2026 hasta 2029, lo que generará un aumento en el gasto fiscal de $100.000 millones anuales.
- El Sistema de Financiamiento de Jardines VTF SLEP, que será financiado por la Ley de Presupuestos según costos del establecimiento, dotación efectiva y ruralidad, entre otros criterios.
- Una bonificación de zona para asistentes de la educación que trabajen en los SLEP y en establecimientos con administración delegada.
- La posibilidad de traslado de profesionales de la educación regidos por el Estatuto Docente entre SLEP, conforme a los procedimientos establecidos por la Dirección de Educación Pública.
Debate
Durante la discusión surgió la necesidad de estas modificaciones para abordar los problemas de diseño detectados en la ley vigente, como deficiencias en infraestructura, financiamiento, coordinación, y capacidad resolutiva de los directores de los SLEP. Se criticó, además, la falta de una visión regional en la implementación del sistema.
Se considera fundamental fortalecer la educación pública como una responsabilidad del Estado, buscando mejorar las condiciones para los estudiantes. Por esta razón, la propuesta es vista como un paso positivo hacia la solución de un proceso complejo.
No obstante, algunos críticos argumentaron que la iniciativa no aborda efectivamente los problemas estructurales, considerándolo solo un parche para un sistema deficiente. Asimismo, se cuestionó la falta de consideración a las propuestas de la oposición para enriquecer el texto.
Se aludió también a que el proyecto afecta el derecho de propiedad de los municipios al realizar un traspaso gratuito de inmuebles, sin compensación. Además, se criticó que las municipalidades que han tenido un buen desempeño no puedan mantener el control de sus establecimientos educacionales.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, defendió la propuesta asegurando que no es resultado de la improvisación, sino que recoge recomendaciones de diversos expertos y ha sido producto de un extenso proceso de diálogo. Recordó que la iniciativa fue aprobada de manera unánime en el Senado y que se discutió ampliamente en la Cámara. «Es un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional», afirmó.
Además, enfatizó que el objetivo no es solo parchear, sino implementar soluciones concretas y articuladas que corrijan fallas sistémicas.
En las votaciones, el proyecto fue aprobado en su totalidad, incluyendo las normas de quórum especial, y se respaldaron los artículos que solicitaron votación separada. Posteriormente, el diputado Hugo Rey hizo reserva de constitucionalidad, citando la afectación al patrimonio físico de los municipios debido al traspaso de inmuebles.
Con Información de www.lanacion.cl
