La organización denuncia que la condición de requerir la autorización de un adulto para el ingreso de menores de 14 años al Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) infringe derechos fundamentales, ignora los fallos del Tribunal Constitucional y deja a los niños sin el apoyo familiar necesario.
La Red Nacional de Mapadres y Cuidadoras/es de Niñeces y Juventudes Transdiversas ha emitido una declaración pública rechazando con firmeza la Circular N°8 del Ministerio de Salud (Minsal), advirtiendo sobre sus graves implicaciones jurídicas, políticas y éticas. La organización califica esta medida como una «manifestación flagrante de violencia institucional» contra las niñeces trans.
Regresión Institucional y Violencia Administrativa
El núcleo de la controversia radica en la exigencia de un permiso obligatorio de padres o cuidadores para que los menores de 14 años puedan acceder al PAIG. Según la organización, esto no es un ajuste técnico ni un resultado inevitable del marco normativo, sino una «decisión política-administrativa deliberada que busca maximizar el daño sobre una población históricamente marginada».
La «Trampa Jurídica» de la Ley de Presupuestos
La Red Nacional cuestiona la justificación del Minsal, basada en la Ley de Presupuestos 2025, señalando que encierra una «trampa jurídica», ya que confunde la jerarquía normativa con la competencia material.
La organización subraya que la Ley de Presupuestos es de naturaleza financiera y temporal, por lo que «no puede crear derechos, modificar su esencia ni restringir derechos fundamentales consagrados por la Constitución». Subordinar el derecho a la salud y a la identidad de género a una normativa presupuestaria es una violación directa de la supremacía constitucional.
Desacato al Tribunal Constitucional
El comunicado advierte que esta medida administrativa implica un «desacato institucional indirecto» al fallo del Tribunal Constitucional del 24 de abril de 2025 (Rol N° 15.664-24), que determinó que excluir a menores de 14 años de procedimientos de identidad de género por su edad constituye una discriminación arbitraria que afecta la dignidad y la autonomía progresiva.
La Red denuncia que el Minsal está utilizando una circular para «reinstalar, por vía administrativa, barreras etarias y tutelas adultas obligatorias previamente declaradas inconstitucionales».
Exclusión de las Niñeces más Vulnerables
Un aspecto crítico es el impacto en los niños que no tienen apoyo familiar o están bajo cuidado del Estado. Para este grupo, la exigencia de autorización adulta «no actúa como una protección, sino como una exclusión total».
La declaración enfatiza que son precisamente aquellos que sufren mayores niveles de abandono y violencia los que quedan fuera de la política pública, violando la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Deber de No Obediencia ante Vulneraciones de Derechos
Por último, la organización recuerda que la «obediencia jerárquica» no puede justificar actos administrativos que vulneren los derechos humanos, y que el Minsal tenía la obligación de evitar esta restricción inconstitucional. El comunicado concluye con un llamado claro al mundo adulto y al Estado: «El pleno disfrute de los derechos de niñeces y juventudes no depende de la aprobación de adultos».
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Con Información de pagina19.cl
