Guillermo Williamson Castro, Doctor en Educación y Académico en la Universidad de La Frontera.
Desde hace años hemos revisado la lista de los «100 Mejores Colegios de Chile» según los medios de comunicación que destacan los establecimientos educacionales (EE) con mayores puntajes PAES. Esta lista permanece sin cambios año tras año, y podría repetirse indefinidamente. Fundada en datos del DEMRE, esta lista revela la profunda injusticia educacional estructural de Chile, que se oculta, disfraza o naturaliza en los programas de televisión, buscando soluciones superficiales. De los 100 colegios con los mayores puntajes PAES 2026, 99 son particulares privados (PP) y uno es municipal (MU), no hay ninguno particular subvencionado (PS) ni de SLEP.
Diferencias de clase y territoriales
En Chile hay 346 comunas, pero solo 38 están en esta lista (10.9%). Aunque hay estudiantes de otras comunas, para estar en esta lista es necesario estar en un pequeño número de comunas; esto indica que los colegios privados, donde las familias cubren la totalidad de la matrícula, son una minoría (entre el 5 y el 10% del total de EE) pero obtienen puntajes altos. Los «mejores colegios» son parte de una minoría tanto en términos de establecimientos como de comunas en el país.
En las cuatro comunas de mayores ingresos y desarrollo humano (Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia) hay 44 colegios de los 100 con más altos puntajes. Si contamos las comunas cercanas a Santiago, el total asciende a 66, siendo todos privados, excepto uno municipal. Esto indica que en la Región Metropolitana, la probabilidad de obtener puntajes más altos es superior al resto del país. Los otros 44 colegios se distribuyen en diversas regiones, pero el estudiar en un colegio privado fuera de Santiago no garantiza puntajes elevados. La desigualdad expresada en este ranking es tanto social como territorial, afectando la formación de las élites que dominan la sociedad.
Diferencias de puntajes y modalidad del establecimiento
Un estudio de la Universidad Católica de Chile señala que los colegios privados obtuvieron 145.3 puntos más que los particulares subvencionados, 180.7 más que los municipales, y 196.7 sobre los de SLEP. La diferencia principal radica en la inversión educativa por estudiante. Mientras los PP cobran entre $400,000 y $1,800,000 mensuales, la unidad de subvención escolar de enseñanza media en Santiago para enero de 2025 es de solo $128,359.56. La discrepancia de recursos asignados por estudiante es abismante, reflejando las significativas desigualdades sociales y territoriales en juego.
Un análisis similar revela que 48,485 estudiantes obtuvieron menos de 500 puntos sobre 1,000, de los cuales casi 24,000 provienen de PS (49.3%), cerca de 20,000 de MU (40.3%) y solo 921 (1.9%) de colegios privados. Así, esta brecha educativa no se puede atribuir solo a la clase social, sino también a la calidad de educación recibida.
Un caso: el Colegio Campanario del futuro presidente Kast
El futuro presidente Kast y su familia son los principales accionistas del Colegio Campanario de Buin, que ocupa el puesto 60 en el ranking de los mejores colegios. En 2021, el colegio generó ingresos por $1,393 millones, con utilidades netas de $180,911,230. Su directorio incluye a la futura “primera dama” María Pía Adriasola y su hijo, entre otros. Aunque Kast ha afirmado que no participa en la gestión, la propiedad y los beneficios reflejan claramente su visión de la educación y sus intereses políticos.
Conclusión: continuidad de un sistema educativo de mercado
En el sistema educativo de mercado no hay novedades: en 2024, 97 colegios eran PP; ahora son 99. Lo verdaderamente trágico e inmoral es que persistirán estas marcadas diferencias en derechos de acuerdo con la clase social, el territorio, la inversión educativa y la calidad de enseñanza. Solo las políticas públicas pueden revertir esta situación que impacta a la educación pública. Es crucial que el Estado, la sociedad, y las universidades asuman la responsabilidad de visibilizar y reducir estas disparidades, para que se reconozcan como injustas y no naturales. Un cambio estructural es necesario para cuestionar y transformar los resultados consolidados y normalizados en Chile.
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