Hernán García Moresco, Magíster en Ingeniería Informática de la USACH y Diplomado en Big Data. También posee un Diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Chile, y es Licenciado en Educación en Matemática y Computación por la USACH.
José Orellana Yáñez, Doctor en Estudios Americanos del Instituto IDEA-USACH, con un Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Es miembro del Centro para el Desarrollo Comunal Padre Hurtado.
Para profundizar en el análisis, es esencial partir de una premisa fundamental: la noción de «restauración del orden» ha sido presentada por la derecha republicana como el mandato inicial del nuevo gobierno, ya activo y con ministros por designar. Esta consigna se basa en expectativas electorales que, aunque podrían verificarse, es probable que terminen siendo un malentendido derivado de la campaña, lo que podría llevar al desprestigio de la actividad política.
Sin embargo, una consecuencia recurrente de las elecciones nacionales, ya sea en victoria o derrota, es la reconfiguración de alianzas y coaliciones políticas.
En el caso de los derrotados, que actualmente corresponden al oficialismo, este proceso tiende a ser más intenso. Se observa una “sangría” interna y una diáspora, resultante de las lecturas e interpretaciones diversas —frecuentemente parciales— de los resultados electorales. Tras la reciente derrota presidencial, que también impactó el plano congresal, es previsible una dispersión de fuerzas políticas. Existen quienes se adjudican responsabilidades por lo que se hizo o se dejó de hacer, ejemplificado por la evolución judicial del caso Gatica, que actúa como catalizador en la reconfiguración política.
Es pertinente cuestionar a quién beneficia esta supuesta actitud honorable de protección y defensa de ideales elevados. La respuesta parece evidente: al futuro gobierno. La relevancia del congelamiento del Partido Socialista dentro de la alianza oficialista es comprendida por un porcentaje reducido de la población, y es criticada por una ciudadanía cada vez más distante de la actividad política y de los valores que se afirman defender. Esto representa un complicado problema de relaciones intra alianza.
La situación se enmarca en un relato ampliamente diseminado sobre un «Chile que se desmorona» en términos de seguridad pública, discurso que ha sido promovido por las derechas con diversos enfoques. Se ha sostenido que el estallido social fue una combinación de delitos, logrando un éxito comunicacional notable. En ese contexto, una parte significativa del sistema político determinó que avanzar en cierta legislación era necesario. Retomando el caso Gatica, el consenso alcanzado llevó al Gobierno a impulsar y acelerar su tramitación legislativa, convirtiéndose hoy en la medida número 306 de las 1.000 iniciativas anunciadas por la administración de Gabriel Boric. Este acontecimiento se convierte, así, en un eslabón más dentro del desgaste y fragmentación de la “Alianza de Gobierno Sin Nombre”, que sustentó al Ejecutivo saliente y a la candidatura presidencial derrotada en segunda vuelta.
La coalición se formó tras la victoria de Gabriel Boric en 2021, siguiendo el contexto de voto voluntario, y buscó reordenarse tras la derrota en el plebiscito constitucional de septiembre de 2022. Pasando por Temucuicui e indultos, se reafirmó colectivamente —a pesar de las diferencias internas— en las elecciones de Consejeros Constitucionales de 2023, donde obtuvo una representación del 29%. Posteriormente, volvió a perder en el segundo plebiscito de diciembre de 2023 por la opción “En contra”. En 2024, enfrentó nuevamente las elecciones locales y regionales con tensiones internas, cerrando el ciclo en 2025 con problemas que afectaron su imagen y resultados adversos a nivel presidencial, a pesar de mantener un 30% de apoyo presidencial.
Este conjunto de derrotas, análisis crudos y horizontes desalentadores deben ser superados para construir una oposición democrática, responsable y cohesionada en el Congreso, aunque parece que no todos han alcanzado el nivel de madurez colectiva necesario. Sin embargo, esta tarea es ineludible, representando una larga travesía mientras el nuevo gobierno comienza a mostrar sus contradicciones.
Desde la ciencia política, la teoría de las coaliciones sugiere que las afinidades ideológicas y el pragmatismo político explican la formación de estas asociaciones en sistemas parlamentarios y presidencialistas. No obstante, en la actual coyuntura es fundamental atender a las señales emergentes desde los territorios específicos, aunque esto pueda resultar incómodo o “woke”.
El progresismo, al centrar su acción política en la dimensión territorial o local —que abarca relaciones de poder en contextos de tensión de clase tanto urbanos como rurales—, debe identificar las contradicciones necesarias para construir un relato certero a través de participaciones políticamente pertinentes. En última instancia, se trata de lograr representar el sentido común, articular mayorías y avanzar hacia la unidad tan anhelada en la acción política.
La formación ciudadana desde el territorio local es crucial para la futura reconstrucción del centro y la izquierda, lo que implica establecer un mínimo común denominador en acciones concretas, recuperando a los partidos como instrumentos efectivos de representación. Representar las demandas de las comunidades, ancladas en realidades sociales que se manifiestan en espacios cotidianos, sin perder de vista los contextos regionales, nacionales e internacionales. La primera experiencia política de las personas siempre ocurre en su propio territorio.
Además, es urgente desarrollar una comunicación política asertiva que avance responsablemente al ámbito virtual. En un contexto de máxima conectividad, es crucial reconocer que las redes sociales y los medios —incluidos programas matinales y sus voceros— se han establecido como rutas centrales de entrada y disputa política, como se evidenció en la última elección. Las redes sociales importan, pero el mensaje también.
Finalmente, la próxima generación de liderazgos que surja en los próximos tres años no necesariamente provendrá de los actores del gobierno que termina su mandato. La ciudadanía ya ha expresado su veredicto. Lo deseable es que la colectividad y no simplemente figuras individuales logre posicionar ideas traducidas en acciones concretas, que reflejen genuinamente el sentir comunitario y las demandas sociales, más allá de las etiquetas simplificadoras o despectivas asociadas a lo “woke”.
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