Los propietarios del terreno de la megatoma de San Antonio han presentado un reclamo judicial contra el Serviu de la Región de Valparaíso, pidiendo que el Estado expropie la totalidad del terreno ubicado en el sector Cerro Centinela, en las comunas de San Antonio y Cartagena, en vez de solo una parte, como se había decidido inicialmente.
De acuerdo a lo informado por El Mercurio de Valparaíso, la Inmobiliaria San Antonio S.A. presentó la acción ante el Juzgado Civil de San Antonio, bajo el amparo del artículo 9 letra b) del Decreto Ley N°2.186, que regula los procesos de expropiación en Chile y permite reclamar cuando la expropiación parcial deja al resto del inmueble sin valor económico.
El conflicto surge a raíz de una expropiación parcial, notificada en diciembre de 2025, de la propiedad de la inmobiliaria para la ejecución del Plan Habitacional Cerro Centinela.
Según el acto administrativo, se expropiarán tres grandes lotes del terreno original -designados como Lote 1A-1, Lote 1A-3 y Lote 1A-5- que suman más de 1 millón de metros cuadrados.
No obstante, la inmobiliaria sostiene que esta decisión ha fragmentado el terreno restante en diez partes inconexas, careciendo de continuidad territorial y viabilidad comercial.
El reclamo judicial indica que los terrenos no expropiados ahora están sujetos a múltiples restricciones.
Esto se debe a que parte de esos fragmentos se sitúan en zonas de protección de quebradas, áreas verdes o zonas destinadas a cementerio, conforme al Plan Regulador Comunal de San Antonio.
Adicionalmente, enfrentan complicaciones de topografía, como pendientes acentuadas y quebradas, altos costos de urbanización y, en ciertos casos, la falta de acceso a vías públicas, según lo expone la inmobiliaria.
La empresa afirma que, tras la expropiación parcial, los terrenos restantes han dejado de funcionar como una unidad económica, volviéndose inviables para su venta, arriendo o desarrollo inmobiliario, tanto para la propietaria como para terceros.
Por esta razón, solicitan al tribunal que ordene al Serviu extender la expropiación a la totalidad del terreno, argumentando que el daño patrimonial sufrido resulta de la acción estatal.
La demanda no sorprendió a quienes se encuentran en el Minvu. Según fuentes del ministerio, era previsible que la inmobiliaria impugnara el acto expropiatorio, ya sea por el precio o por la superficie involucrada.
No obstante, resultó sorprendente que los propietarios solo cuestionaran la extensión de la expropiación, aceptando así el valor de 0,24 UF por metro cuadrado propuesto inicialmente por el Minvu, lo que -según la autoridad- sugiere que existían condiciones para llegar a un acuerdo técnico previo.
En este sentido, la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira, expresó su descontento con la postura de la empresa, señalando que “uno, a estas alturas, no puede dejar de notar que habría sido posible llegar a un acuerdo dados los precios de expropiación sugeridos por la comisión de peritos independientes. Lamentablemente, no encontramos esa voluntad”.
La delegada añadió que el ministerio cumplirá con lo que decida la justicia en este caso.
Por su parte, el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), destacó que el proceso expropiatorio ya presenta avances concretos. “Las 110 hectáreas ya están expropiadas”, aseguró, indicando que el ministerio evalúa cómo financiar la urbanización del terreno.
“Debemos realizar la urbanización para poder construir. Esperamos licitar la urbanización lo antes posible. En este momento estamos considerando el financiamiento, que será en parte aportado por la gente que se ha asentado en el lugar”, explicó el secretario de Estado.
La resolución judicial que se adopte será determinante para definir el futuro del proceso y el destino final del terreno donde se sitúa una de las tomas más grandes del país.
Con Información de www.lanacion.cl
