La denuncia presentada en representación de 110 víctimas permitirá reabrir investigaciones en un área donde operaron organismos represivos, se llevaron a cabo inhumaciones clandestinas y se realizó parte de la Operación Retiro de Televisores. Cuesta Barriga regresa al centro del debate público como un sitio de memoria marcado por las violencias del pasado y del presente.
Por Claudia Molina B.| FACTOS. DERECHOS HUMANOS
El viernes 16 de enero, el Programa de Derechos Humanos presentó ante la Corte de Apelaciones de San Miguel una querella criminal contra quienes resulten responsables por los delitos de inhumación y exhumación ilegal de 110 víctimas de desaparición forzada. Esta acción judicial busca impulsar la investigación de Cuesta Barriga como un lugar de especial interés en términos de verdad, justicia y reparación, dado que diversos antecedentes recopilados en procesos judiciales colocan la zona –en particular el kilómetro 12 del camino de la Cuesta– como un espacio utilizado para la disposición clandestina de cuerpos durante la dictadura militar.
Se ha establecido que en este sector operaron tanto la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) como el Comando Conjunto, especialmente entre 1976 y 1977. Los testimonios, las causas penales y los hallazgos posteriores han confirmado que el área fue utilizada para ejecuciones, inhumaciones clandestinas y exhumaciones ilegales, incluida la denominada “Operación Retiro de Televisores”, un encubrimiento llevado a cabo por la DINA para trasladar cuerpos de detenidos desaparecidos y obstruir futuras investigaciones judiciales.
La querella se presentó en nombre de 110 víctimas cuyos familiares, casi cinco décadas después del golpe de Estado, continúan en procesos de búsqueda, identificación y acceso a la verdad. Esta acción no implica hallazgos recientes directamente relacionados con todas estas personas, sino que es una herramienta judicial para reactivar diligencias, abrir nuevas líneas de investigación y garantizar que el Estado cumpla con su obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos.
Contexto histórico del sitio
Cuesta Barriga es uno de los lugares emblemáticos de la represión clandestina durante la dictadura. En esta área operó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que utilizó el espacio para ejecuciones e inhumaciones clandestinas. También el Comando Conjunto Antisubversivo depositó cuerpos en este lugar, al igual que Carabineros de Chile (Tenencia de Curacaví), que tiene antecedentes de fusilamientos en 1973.
En la Mina “Los Bronces”, situada en la misma región, se documentaron inhumaciones ilegales y exhumaciones posteriores de cuerpos.
A partir de 2001, gracias al trabajo de la Mesa de Diálogo y a investigaciones judiciales, se logró identificar restos de varias víctimas enterradas en Cuesta Barriga. Entre ellas se incluyen detenidos desaparecidos que fueron secuestrados en Chile y otros trasladados clandestinamente desde Argentina durante la Operación Cóndor. La identificación de Horacio Cepeda, Lincoyán Berríos, Juan Ortiz Letelier, Ángel Guerrero, Hernán Soto, Jorge Troncoso, Jenny Barra y Hernán Pérez, entre otros, ha reforzado la condición de Cuesta Barriga como un sitio de desaparición forzada y cementerio clandestino del terrorismo de Estado.
Hallazgos recientes y persistencia del uso del territorio para la ocultación de cuerpos
En 2024 y 2025, la zona volvió a ser protagonista por la aparición de restos humanos relacionados con crímenes contemporáneos, incluidos cuerpos y partes de cuerpos hallados en canales de regadío, quebradas y áreas cercanas a la Ruta 68. Algunos de estos hallazgos están vinculados a investigaciones por secuestro extorsivo y delitos cometidos por organizaciones criminales actuales, evidenciando un fenómeno grave: el territorio estaría siendo nuevamente utilizado como un espacio para la disposición final de cuerpos, replicando su uso histórico como “botadero”.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Policía de Investigaciones están llevando a cabo investigaciones activas sobre estos asuntos.
Obligación estatal y continuidad de las acciones de búsqueda
La presentación de la querella forma parte de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, un instrumento estatal diseñado para abordar de manera sistemática la deuda histórica del país con las familias de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin restitución de restos. Su objetivo es organizar información, impulsar diligencias judiciales, abrir archivos y establecer medidas de memoria que garanticen el acceso a la verdad.
El Programa de Derechos Humanos subrayó que esta acción judicial permitirá realizar diligencias en terreno, solicitar peritajes forenses, recopilar nuevos antecedentes y evitar el cierre de investigaciones, asegurando continuidad institucional incluso más allá de posibles cambios en la administración política, ya que las diligencias judiciales no pueden ser suspendidas arbitrariamente por cambios de gobierno.
Para las familias, esta querella es una herramienta más en un proceso largo y doloroso de búsqueda y reivindicación de derechos. Como señalaron representantes de los familiares, “es una manera concreta de seguir investigando, periciando y buscando, a pesar del paso del tiempo y la ausencia continua de nuestros padres, madres, hermanos e hijos”.
Perspectiva de derechos humanos
Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, la desaparición forzada es un crimen permanente hasta que se determine el destino final de la víctima. Los Estados tienen la obligación de investigar, sancionar a los responsables, buscar a las víctimas, restituir restos y dignidad, y garantizar una reparación integral.
La presentación de esta querella reafirma que en Chile la búsqueda sigue abierta y que la justicia es un componente innegociable de la democracia.
Cuesta Barriga representa, en un único territorio, la violencia política del pasado y las violencias criminales del presente. La recuperación de este sitio como espacio de verdad y justicia es un paso crucial para evitar su persistente utilización como territorio para ocultar crímenes, tanto estatales como contemporáneos.
Con Información de factos.cl
