Anna Kowalczyk, consejera del Centro de Estudios en Política Internacional, Universidad Central.
Aunque se había anticipado una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela durante varios meses, la rapidez y efectividad en la captura de Nicolás Maduro fue inesperada. Esta operación, enmarcada como una acción de seguridad internacional y lucha contra el narcotráfico, unió un componente militar con una estrategia mediática diseñada para mostrar que Washington puede actuar cuando lo desee.
Sin duda, otras potencias globales observaron con interés y, posiblemente, con celos. Durante los primeros días de la invasión a Ucrania en febrero de 2022, las fuerzas especiales rusas intentaron en múltiples ocasiones capturar al presidente Volodímir Zelenski, sin éxito hasta la fecha.
Esta demostración de fuerza también se traduce en presión para Trump: no solo para acceder a las vastas reservas petroleras de Venezuela (sustituyendo en su control a Rusia y China), sino también como un mensaje geopolítico más amplio.
No obstante, más allá de la teatralidad, es complicado imaginar una mayor implicación de EE.UU. en Venezuela o un intento serio por controlar el país. Trump y el movimiento MAGA, con su lema «America First», han sido tradicionalmente reacios a la reconstrucción de Estados o a la creación forzada de regímenes políticos, considerados procesos prolongados, costosos y con beneficios políticos inciertos para Washington.
Unos pocos bombardeos y la captura de Maduro no son suficientes para cambiar un régimen. El poder administrativo, coercitivo y político sigue en manos del chavismo. Cualquier reconstrucción del país o cambio real de régimen requiere, como indican numerosos estudios sobre intervenciones extranjeras, una estrategia de consolidación posconflicto que integre seguridad, política y desarrollo económico, algo que ha sido escaso tras intervenciones recientes en Oriente Medio y el Norte de África. Investigaciones de la Harvard Political Review sugieren que, tras derrocar a Saddam Hussein o a Gaddafi, EE.UU. fracasó en establecer Estados estables precisamente por la falta de un plan a largo plazo de paz y consolidación.
La experiencia reciente respalda esta afirmación: en Libia, el asesinato de Gaddafi en 2011 llevó a una guerra civil prolongada; en Irak, la caída de Saddam Hussein resultó en años de violencia sectaria y ocupación militar; y en Afganistán, el intento prolongado de reordenamiento institucional culminó en una retirada desorganizada de las fuerzas estadounidenses en 2021. La creación de órdenes políticos estables ha sido la excepción, no la norma.
Así, la intervención en Venezuela se ha presentado como una operación de aplicación de la ley relacionada con la seguridad interna y el control de recursos de interés nacional. En sus primeras declaraciones, Trump se distanció claramente de la oposición democrática venezolana y mantuvo diálogos con el chavismo, señalando un objetivo inmediato. Es probable que la relativa estabilidad de Venezuela se preserve mientras la élite vigente permanezca cohesionada. Aunque imperfecta, esta estabilidad beneficia también al mercado energético.
El futuro de la democracia venezolana depende exclusivamente de sus propios procesos políticos internos. Es probable que la atención de EE.UU. se desplace hacia otros intereses estratégicos —Cuba, Colombia, México o Groenlandia—, ejerciendo presión desde una distancia en lugar de comprometerse en extensos esfuerzos de reconstrucción democrática. Con este gobierno, es difícil imaginar una acción sostenida y auténtica en pro de la democracia o los derechos humanos en Venezuela.
Anna Kowalczyk, consejera del Centro de Estudios en Política Internacional, Universidad Central.
Con Información de www.lanacion.cl
