El Gobierno ha nombrado a la abogada Patricia Muñoz García como la primera directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, en medio de críticas políticas por un supuesto “amarre” institucional y una solicitud de Renovación Nacional a la Contraloría para que se evalúe la legalidad y efectividad de este nombramiento. La designación ha reavivado el debate sobre las decisiones que tomó Muñoz durante su gestión en la Defensoría de la Niñez, particularmente el desistimiento de una querella en un caso de violencia sexual infantil que ha llegado a la CIDH.
Por Claudia Molina B. | FACTOS
El nombramiento de Patricia Muñoz García como directora del recién establecido Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos ha generado una controversia política, administrativa e institucional a pocas semanas del cambio de mando. La oposición ha enviado un oficio a la Contraloría cuestionando la legalidad y efectividad de la designación, mientras que organizaciones del sistema de infancia revisan su actuación en un caso de violencia sexual infantil que ha escalado al sistema interamericano. El expediente presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia que el Estado chileno no garantizó el acceso efectivo a la justicia para la menor afectada y que la Defensoría de la Niñez —que Muñoz dirigía— se desistió de la querella en un momento crucial del proceso penal.
El Gobierno designó a la abogada Patricia Muñoz García como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, una entidad establecida por ley y promulgada el pasado 5 de noviembre. Esta designación, realizada a semanas del cambio de mando, ha desatado un intenso debate institucional, jurídico y político: desde acusaciones de un presunto “amarre” para limitar los poderes del próximo gobierno, hasta un análisis crítico de las decisiones tomadas por Muñoz durante su anterior gestión como Defensora de la Niñez, particularmente en casos de violencia sexual infantil, uno de los ámbitos más delicados del sistema de protección estatal.
Por primera vez, Chile contará con una Defensoría de Víctimas, diseñada para representar legalmente a personas afectadas por delitos violentos, coordinar reparaciones estatales y asegurar el acceso a servicios jurídicos. En un país donde la agenda de seguridad pública ocupa un lugar central, su creación es relevante no solo para el gobierno saliente, sino también para el entrante, que asumirá su implementación.
Lo que nadie anticipó es que el nombramiento de su primera directora generaría múltiples implicaciones: la política (críticas de la oposición), la administrativa (oficio a la Contraloría), la institucional (eficacia del nuevo servicio) y la jurídica (un caso de violencia sexual infantil que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
De la protección de la infancia a la protección de víctimas
La trayectoria de Muñoz en el Estado no es reciente. En 2018, asumió como la primera Defensora de la Niñez, un rol en el que trató de llevar al debate público la necesidad de reconocer los derechos de niños, niñas y adolescentes. Durante su gestión, su oficina participó en varios procesos judiciales y administrativos relacionados con graves violaciones de derechos, incluyendo casos de violencia sexual infantil, un área donde los estándares internacionales exigen al Estado actuar con debida diligencia reforzada, dada la extrema vulnerabilidad que enfrentan las víctimas.
Sin embargo, su período no estuvo exento de controversias. Uno de los episodios que ha vuelto a ser discutido tras su reciente nombramiento es el desistimiento por parte de la Defensoría de la Niñez de una querella penal en un caso de violencia sexual contra una menor —F.P.M., hoy de 10 años— cuya familia ha llevado la causa al sistema interamericano después de que la investigación penal se cerrara sin acusación formal.
El caso que escaló a la CIDH
En 2025, el expediente de F.P.M. fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La petición, realizada por su madre P.A.M.R., denuncia que el Estado chileno no garantizó un acceso efectivo a la justicia frente a las denuncias de delitos sexuales graves cometidos contra la niña.
El documento sostiene que, entre 2018 y 2023, la familia atravesó diversas instancias judiciales: denuncias en clínicas, acciones en tribunales de familia, querellas penales, reclamaciones ante fiscalías regionales, recursos ante cortes de apelaciones, un requerimiento ante el Tribunal Constitucional y finalmente, ante la Corte Suprema. A pesar de eso, el Ministerio Público cerró el caso aplicando la figura de no perseverar, impidiendo así que se llevara a cabo un juicio oral y una eventual sentencia.
Tras el cierre del expediente, la familia acudió a la CIDH alegando violaciones a las obligaciones estatales relacionadas con la protección de la niñez, el acceso a la justicia y la debida diligencia. Para el sistema interamericano, estos no son meros detalles administrativos; son estándares que los Estados parte deben cumplir, especialmente en casos de violencia sexual infantil, dado que las víctimas enfrentan triple vulnerabilidad: por su edad, por su relación con el agresor y por su dependencia del sistema de protección.
El desistimiento de la querella
Según la documentación presentada a la CIDH, la Defensoría de la Niñez participó activamente en el caso como querellante. Sin embargo, en diciembre de 2022, optó por desistirse de la acción penal. Esta decisión, que se tomó en un momento crucial del proceso, dejó a la víctima sin el respaldo de una institución pública especializada para sostener la acusación.
En los delitos sexuales contra menores, la figura del querellante es especialmente vital. Aunque el sistema penal chileno no requiere de una querella para iniciar la investigación, en ciertos casos, la presencia de un querellante permite solicitar diligencias adicionales, interponer recursos y controlar decisiones de cierre. Por ello, el argumento ante la CIDH sostiene que el desistimiento debilitó la posición procesal de la víctima.
FACTOS intentó obtener la versión de Patricia Muñoz García sobre esta decisión. Al cierre de esta edición no se recibió respuesta. Su versión sigue abierta para ser publicada.
El antecedente del caso SENAME y las niñas institucionalizadas
El nombramiento de Muñoz también ha reactivado otro episodio vinculado al sistema de protección estatal: el caso del abogado G. Pinochet, colaborador del entonces SENAME e integrante del Tribunal Electoral del Maule, quien ha sido investigado desde 2018 por delitos sexuales en contra de una menor.
En 2019, mientras la investigación aún estaba en curso, un tribunal de familia autorizó la salida de tres niñas institucionalizadas hacia la propiedad del mismo abogado. Este suceso ha generado indagatorias administrativas y cuestionamientos acerca de la capacidad del Estado para proteger a las niñas bajo cuidado institucional. Aunque el caso no resultó en condena penal, expuso deficiencias en el diseño y supervisión de las residencias colaboradoras del Estado.
En este contexto, FACTOS intentó obtener la perspectiva de Muñoz durante su gestión en la Defensoría de la Niñez, pero tampoco recibió respuesta. Se ha registrado la ausencia de su versión como parte del archivo.
El nombramiento y el ángulo Contraloría
El nombramiento de Muñoz en la Defensoría de Víctimas de Delitos provocó reacciones inmediatas en el Congreso. La bancada de Renovación Nacional (RN) presentó un oficio a la Contraloría General de la República solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad y efectividad administrativa del nombramiento.
El documento destaca dos líneas críticas:
- Legalidad y eficacia del nombramiento
RN argumenta que el cargo requiere de una dirección eficaz durante la fase de instalación, y que la autoridad designada está en su séptimo mes de embarazo, lo que implicaría una licencia médica de al menos seis meses durante el periodo inicial de funcionamiento. - Principios de eficiencia y continuidad del servicio público
Se argumenta que la naturaleza del servicio —recién creado, sin personal consolidado ni plan operativo definitivo— demanda una dirección activa y presencia continua.
Además, surge el debate sobre el fuero maternal, que impediría al próximo gobierno destituir a la directora hasta un año después de su postnatal, salvo casos excepcionales. Este aspecto ha llevado a algunos opositores a calificar el nombramiento como un “amarre”, un término que históricamente ha sido criticado en Chile cuando un gobierno realiza designaciones estratégicas antes de dejar el poder.
Chile y su diseño institucional para el acceso a la justicia
La controversia se produce en un contexto en el que Chile está reconfigurando su arquitectura de justicia: al mismo tiempo que se establece la Defensoría de Víctimas, el país debate reformas en el Ministerio Público, la creación de fiscalías especializadas en delitos sexuales y el fortalecimiento de mecanismos de persecución contra la explotación sexual infantil.
El caso de F.P.M. se encuentra en el sistema interamericano precisamente en este momento. Según académicos consultados off the record por FACTOS, la admisión preliminar de la petición plantea interrogantes relevantes sobre la capacidad del Estado para cumplir con los estándares de debida diligencia reforzada en casos de delitos sexuales contra menores, así como la coordinación entre fiscales, sistemas de infancia y organismos especializados.
Proyección
Conforme a los procedimientos de la CIDH, se espera que el Estado chileno responda en un plazo de tres meses. Posteriormente, la Comisión podrá: aceptar la petición, abrir un proceso de solución amistosa o elevar el expediente a la Corte Interamericana.
Cualquiera de estas opciones podría influir en la política pública chilena, ya sea a través de corrección de procedimientos, reformas administrativas o ajustes legislativos. En el peor escenario para el Estado—una posible condena de la Corte—el país estaría obligado a reparar a las víctimas y modificar normativas vigentes.
El caso de F.P.M. ha puesto presión sobre el sistema chileno de protección de la infancia. El nombramiento de Muñoz ha tensado la esfera política. La intervención de la CIDH ha alterado el sistema jurídico. Estas tres tensiones convergen en una única cuestión: ¿Está preparado el sistema estatal chileno para asegurar un acceso efectivo a la justicia en delitos que demandan estándares superiores a los que normalmente ofrece la burocracia?
FACTOS seguirá informando sobre el caso una vez que el Estado presente su respuesta a la CIDH.
Con Información de factos.cl
