La contralora general de la República, Dorothy Pérez, expresó serias objeciones al proyecto de ley de reajuste para el sector público durante su comparecencia en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde compartió su perspectiva sobre la propuesta.
Desde el inicio de su exposición, Pérez subrayó la escasez de información disponible: “La Contraloría carece de datos sobre el total de asignaciones que se verán afectadas por el reajuste. Esto nos dificulta validar los estudios de estos gastos, tal como se solicitó en la invitación”.
Detalló que se han mantenido conversaciones con la Dirección de Presupuestos, pero persisten elementos de gasto que no pueden ser confirmados: “Hay otros aspectos de gasto, como aguinaldos y bonos, que no podemos validar porque no contamos con antecedentes sobre las personas beneficiarias (…) ni sobre los escalafones salariales para los cuales se destinarán esos pagos y beneficios”.
Además, la contralora mostró ejemplos de funcionarios a contrata que han ingresado en niveles altos con salarios superiores a los de empleados permanentes con muchos años de experiencia. “Hay personas en el sector público que han tardado 20 años en ascender un grado, mientras que, en diferentes épocas, han entrado individuos con grados muy superiores”, apuntó.
Según su explicación, estos nuevos empleados llegan “a veces a realizar las mismas funciones. Lamento decirlo: en ocasiones deben aprender de trabajadores de planta, pero reciben una remuneración mucho mayor”.
Pérez también recogió el descontento entre los empleados: “Los funcionarios nos dicen: ‘qué injusticia es que alguien ingrese directamente mientras nosotros hemos estado esperando por una década’”.
Cambio normativo controvertido
En este marco, criticó ciertas disposiciones del proyecto que han sido calificadas como “amarre” por la oposición, al restringir despidos en algunos casos. “Para los funcionarios transitorios a contrata, se establece que por ministerio de la ley, expirarán el 31 de diciembre (…) este artículo modifica directamente un régimen estatuario, sin abordar las consecuencias que tal modificación tendrá en el resto del sistema”, declaró.
La contralora subrayó que el impacto práctico es perjudicial para la carrera funcionaria. “Esto afecta la trayectoria profesional, ya que funcionarios que han estado en su carrera pueden ser desplazados por personas ajenas a la administración o recientes, que acceden a puestos de mayor nivel en desmedro de los demás funcionarios públicos”, señaló.
Pérez también cuestionó el artículo 6 de la propuesta, que limita la intervención de la Contraloría en asuntos litigiosos: “Esta norma modifica las competencias de un órgano. Esta disposición, al ser una ley miscelánea, altera directamente las atribuciones de un órgano de carácter autónomo constitucional”.
Alertó sobre el riesgo institucional que implica establecer este precedente: “Permitir que en una ley miscelánea de rango inferior se modifiquen la organización y las atribuciones de los órganos es una cuestión que debe analizarse, más allá del caso de la Contraloría, si es beneficioso abrir estas compuertas”.
Concluyó con una advertencia significativa: “Se está modificando el régimen jurídico de la Contraloría General de la República (…) esto debe ser verificado mediante una norma orgánico constitucional”.
Con Información de www.lanacion.cl
