Por Marcelo Trivelli
Las víctimas siempre son las que pierden. No se trata de una exageración ni de un lema vacío, sino de una dinámica habitual en un sistema que protege a quienes se encuentran en el poder, mientras los denunciantes suelen ser aquellos que están en los márgenes: menores, campesinos, pescadores artesanales, pequeños inversionistas, trabajadores o, en general, ciudadanos sin apoyo ni redes de protección.
Los ejemplos abundan de forma casi obscena. Abusos sexuales a niños y jóvenes ocultos durante años por estructuras eclesiásticas o políticas; atropellos en los que la vida de un campesino se valora menos que el apellido del responsable; fraudes financieros que arruinaron a miles de pequeños ahorradores, mientras los implicados negocian defensas de élite y soluciones “institucionales”. Cambian los nombres y las nacionalidades, pero el patrón permanece: el sistema se cierra para resguardar a quienes están dentro.
Surge así una pregunta incómoda: ¿por qué casi nunca cae alguien realmente relevante? ¿Por qué el escándalo no se traduce en justicia? La razón es que el escándalo no es sinónimo de justicia. El escándalo genera visibilidad, reacciones mediáticas y momentos de indignación, pero no derriba estructuras. La justicia, en contrastre, requiere un esfuerzo mucho mayor: decisión institucional, voluntad política y tribunales dispuestos a ejercer su autoridad.
Para que un poderoso sea juzgado, no bastan las sospechas ni el clamor social. Se necesitan pruebas concretas y, sobre todo, la voluntad de utilizarlas. Esta voluntad no surge espontáneamente; se presenta solo cuando existe un consenso significativo en la opinión pública, líderes dispuestos a actuar y autoridades con verdadero poder comprometidas en la misma dirección. El desafío radica en que estas fuerzas rara vez coinciden, y los denunciantes suelen rendirse antes. Por otro lado, el sistema tiene tiempo, recursos y una defensa corporativa sólida: “hoy por ti, mañana por mí”.
En este contexto, resulta alarmante que el Congreso haya rechazado sistemáticamente facilitar el levantamiento del secreto bancario. No es una cuestión trivial ni un tema legal menor. Está demostrado que rastrear el dinero es la herramienta más efectiva para combatir la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, cuando se propone dotar al Estado de tal capacidad, se encuentra con un bloqueo generalizado. ¿Por qué? Porque levantar este secreto no solo afecta a los delincuentes comunes, sino que pone en riesgo al verdadero poder, una línea que muchos prefieren no cruzar.
Por esto, los casos de corrupción o tráfico de influencias en la cúspide del Poder Judicial tienen consecuencias tan graves. No solo perjudican causas específicas, sino que debilitan la confianza en la última barrera que debería proteger a los más vulnerables. Sin tribunales serios, honestos y transparentes, no existe un verdadero Estado de Derecho, solo una administración arbitraria del poder.
Durante años se presumió de contar con instituciones sólidas. Se decía: “Dejemos que las instituciones funcionen”. Dos décadas después, la realidad es devastadora: muchas no operan, o lo hacen solo para unos pocos. La corrupción ya no es únicamente un problema de individuos identificables; es una sociedad entera vulnerada en su derecho a acceder a las riquezas que genera.
Son víctimas invisibles de un sistema de salud desfinanciado por miles de licencias fraudulentas. Usuarios de un transporte público deteriorado por el no pago masivo de tarifas. Ciudadanos que incluso celebran cuando el Congreso elimina las multas por no pagar autopistas. Esta laxitud se origina en la cúpula y se filtra hacia abajo.
Cuando las instituciones fallan, las víctimas siempre son las que sufren. El problema no es solo ético o moral; es estructural. Mientras no se aborde como tal, la injusticia seguirá siendo la norma y la indignación, un espectáculo ocasional.
Con Información de www.elperiodista.cl
