Por José Mario de la Garza, abogado, México
Derrocar a un dictador parece moralmente correcto. Nadie lamenta la caída de un tirano. Sin embargo, el derecho internacional no se establece para proteger a los justos, sino para contener a los poderosos. Por esta razón, prohíbe el uso de la fuerza casi sin excepciones: no porque ignore la injusticia, sino porque comprende que, si cada nación decide a quién «liberar» con armas, el mundo regresa a la ley del más fuerte.
El verdadero problema no es Maduro, sino el precedente que se crea. Cuando se emplea la fuerza militar para cambiar gobiernos sin normas claras, la soberanía se convierte en una carga, no en un límite. Hoy se trata de «derrocar a un dictador»; mañana podría ser «corregir una elección», «proteger intereses» o «restaurar el orden». La ley no absuelve a las dictaduras, pero tampoco legitima acciones unilaterales.
La pregunta crucial no es si merece caer un tirano, sino quién decide cuándo y cómo. La historia nos enseña una lección brutal: deshacerse de un dictador es relativamente sencillo; establecer justicia después, mucho más complicado. Cuando la legalidad se quiebra en nombre del bien, lo que normalmente sigue no es libertad, sino caos, violencia y nuevas víctimas. El derecho existe para recordarnos esto, incluso cuando resulta incómodo.
Maduro no es el verdadero problema; es solo la representación del mismo. Su salida del poder sería solo un primer paso. Detrás de él se encuentra un entramado: Rodríguez, Cabello, el mando militar, los operadores de la represión y del saqueo. Si cambiamos únicamente a la cúpula y dejamos intacto el sistema, lo que se obtiene no es democracia, sino un mero reacomodo.
Y hay algo aún más complejo: el chavismo no solo ha controlado las instituciones, sino que ha influido en la vida cotidiana. Economía, medios de comunicación, trámites, empleo, miedo, favores y chantajes. Un país no se «deschaviza» por decreto o por un milagro electoral. La verdadera transición empieza cuando esa red se desmantela sin provocar un incendio en el país.
El desafío es abrumador y también moral: unir sin buscar venganza, pero sin permitir la impunidad. Justicia enfocada para los máximos responsables, verdad para las víctimas, garantías para que el resto suelte el control, y un plan para que la gente pueda volver a vivir plenamente, no solo a sobrevivir. Porque la libertad no llega con la elección de un nuevo presidente, sino cuando el Estado deja de ser una amenaza.
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Con Información de desenfoque.cl
