La decisión del Ministerio de Salud de poner en pausa la Ley Ricarte Soto ha suscitado nuevamente preocupación entre pacientes y organizaciones, debido a que se ha detenido la evaluación de nuevas tecnologías sanitarias, lo cual podría ampliar la cobertura del sistema para enfermedades de alto costo.
Esta normativa, vigente desde 2015, fue establecida para financiar tratamientos complejos a través de un fondo anual de 100 mil millones de pesos.
A lo largo de los años, la ley ha permitido la inclusión progresiva de diversas patologías, alcanzando actualmente 27 enfermedades cubiertas, entre ellas varios tipos de cáncer no incluidos en el AUGE/GES, enfermedades inmunológicas y condiciones poco frecuentes.
No obstante, el último decreto que amplió esta cobertura fue emitido en 2021. Desde entonces, no se han añadido nuevas patologías y el proceso se ha detenido nuevamente, a la espera de un informe financiero que el Ministerio de Hacienda aún no ha proporcionado, según lo indicado por el propio Ministerio de Salud.
Reacciones de pacientes y expertos
El senador Juan Luis Castro (PS) criticó esta decisión y advirtió que la suspensión “condena a miles de familias a seguir esperando en la incertidumbre”, subrayando que las enfermedades no se detienen ni se ajustan a los tiempos administrativos del Estado.
Durante la primera etapa del último proceso de evaluación, llevado a cabo el año pasado, se recibieron 9.580 solicitudes de diagnósticos y tratamientos de alto costo, que incluían terapias para el mal de Crohn, hipercolesterolemia familiar, mielodisplasia, linfoma cutáneo y atrofia muscular espinal.
Jessica Cubillos, presidenta de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, señaló que la ley es fundamental para quienes enfrentan patologías complejas, pero advirtió que al postergar las decisiones, “esa oportunidad se transforma en un obstáculo enorme”.
Desde el ámbito técnico, la economista especializada en salud, Daniela Sugg, expresó que el principal problema es financiero. En su opinión, no es viable seguir incorporando nuevas tecnologías mientras los recursos actuales no son suficientes para cubrir lo ya garantizado, lo que mantiene a la Ley Ricarte Soto en pausa y sin avances relevantes.
Simultáneamente, el Ministerio de Salud presentó en junio de 2025 un proyecto de ley para reforzar el financiamiento del fondo. Esta iniciativa fue aprobada en general, pero hasta el momento no ha tenido avances significativos en el Congreso.
Con Información de chilelindo.org
