La crisis política en Chile no es solo un fenómeno temporal, sino que refleja una estructura histórica que ha priorizado la formación de un Estado-nación uniforme basado en la exclusión. Detrás de una aparente estabilidad, existe una tensión constante: la incapacidad de establecer una comunidad política democrática y participativa. Esta limitación se evidencia hoy en la combinación de dos fuerzas: un neoliberalismo que ha influenciado la subjetividad ciudadana y una renuencia histórica a aceptar la existencia de naciones previas al Estado.
El modelo chileno, que se consolidó con la Constitución de 1980, no solo abrió los mercados; estableció el «Estado subsidiario», donde la gestión económica reemplazó a la deliberación política. En este contexto, el ciudadano es visto como un consumidor y el mercado se convierte en el espacio público. Esta «modernidad líquida», como la definiría Bauman, ha debilitado los lazos sociales, transformando la ciudadanía en un concepto instrumental y efímero.
El resultado es lo que Byung-Chul Han denomina la «sociedad del cansancio». En Chile, este agotamiento es estructural: altos niveles de informalidad laboral, deudas y precariedad en la salud mental han convertido la política en una carga técnica ajena a la mayoría. Cuando la frustración se prolonga, surge un cinismo que sustituye el anhelo de cambio por la búsqueda de alivio inmediato. El «voto defensivo» posterior al estallido social no fue un cambio ideológico, sino un colapso de la esperanza; ante la fatiga de un proceso deliberativo largo y complejo, el orden se percibe como la única anestesia para enfrentar la adversidad del presente.
Este cierre autoritario y neoliberal se refuerza al ignorar la diversidad nacional del territorio. El Estado chileno se cimentó en un mito de homogeneidad que borró la historia y la organización política de los pueblos originarios. La relación con el pueblo Mapuche, por ejemplo, se selló a través de la «Pacificación de la Araucanía», que en realidad fue una ocupación militar y un despojo territorial que redujo a naciones soberanas a la categoría de «indígenas» o meras herramientas de política pública.
La propuesta de un Estado plurinacional en 2022 no fue una moda pasajera, sino un intento de reparar una república que llegó incompleta. Sin embargo, el rechazo a este reconocimiento revela la persistencia de una mentalidad que cree que cualquier fractura en la unidad nacional amenaza el orden establecido. Al no reconocer a los pueblos originarios como interlocutores válidos, Chile evitó confrontar su propia violencia fundacional.
La Democracia Pendiente
El neoliberalismo constitucional chileno ha logrado moldear una subjetividad que desconfía del pacto colectivo y se refugia en el individualismo. La política continúa hablando en términos de proyectos a largo plazo, mientras una sociedad fatigada responde desde la lógica del «yo me lo merezco» y el anhelo de límites exteriores.
Superar este bloqueo requiere más que una nueva redacción legal; es esencial reconstruir las condiciones materiales y simbólicas que permitan la coexistencia en un «mundo común». La democracia en Chile seguirá siendo frágil si no logra integrar la deliberación colectiva y un reconocimiento genuino de sus múltiples naciones. Solo cuando el reconocimiento sea visto como una condición de igualdad democrática, y no como una simple concesión administrativa, podrá Chile avanzar de una república del orden a una verdadera comunidad de ciudadanos.
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