- La mayoría de los conflictos surgieron en el primer año de gestión del alcalde Sebastián Álvarez y están vinculados a problemas laborales. Cuatro de los seis concejales han manifestado un firme desacuerdo con esta situación, calificando la administración como “deficiente”.
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Un reciente informe entregado a los concejales presenta datos alarmantes: la municipalidad está enfrentando múltiples causas judiciales. En total, hay cerca de 60 juicios (exactamente 58), acumulando demandas por aproximadamente $2.000 millones, alcanzando un total de $1.910.621.574. De estas causas, 45 fueron iniciadas en 2025, mientras que 17 se originaron en administraciones anteriores bajo el exalcalde Carlos Barra.
El informe detalla que la mayoría de las causas son de carácter laboral y civil. Entre las más avanzadas, seis están a favor de los demandantes, aunque siguen con recursos abiertos. En cuanto a las causas rechazadas, que el municipio busca apelar, hay 18, de las cuales casi todas tienen recursos pendientes.
En este escenario, surge la interrogante de cómo se está preparando la municipalidad para enfrentar estos requerimientos y cumplir con las obligaciones de pago. Según la actual administración liderada por el alcalde Sebastián Álvarez, se ha destinado en el presupuesto municipal un total de $100 millones específicamente para estos posibles pagos. Además, de los más de $1.400 millones disponibles, se reservó otro monto de $247 millones para juicios, sumando un total de $347 millones para 2026. Si faltaran recursos, se tendrían que hacer ajustes presupuestarios que deberían ser aprobados por el concejo municipal.
Críticas de los concejales
Al ser consultados sobre este tema, los concejales expresaron varias preocupaciones, especialmente sobre los conflictos laborales en la municipalidad y los fondos reservados para pagos. Marina Matus (REP) puso énfasis en la cuestión laboral. “El 74% de los juicios se relacionan con conflictos laborales, lo que indica un problema en la gestión. Esta concentración revela deficiencias en el cumplimiento de normativas y controles internos, que son fundamentales. No se trata de contingencias inevitables, sino de riesgos que se podían prever frente a una gestión ineficaz”, afirmó la concejala republicana.
Respecto a los recursos, enfatizó: “Cada peso destinado a juicios es un peso menos para seguridad, infraestructura y servicios comunitarios. Además, el municipio puede ser objeto de observaciones por parte de la Contraloría, lo que podría haberse evitado. Esto no es una disputa política, sino una responsabilidad fiscal”.
La concejala independiente Verónica Castillo también criticó la cantidad reservada para pagos, considerándola insuficiente: “El presupuesto de 2026 revela que no se han priorizado estos recursos. Un alcalde debe establecer prioridades, pero los gastos por juicios laborales son cercanos a $2.000 millones. Existe la posibilidad de pérdidas para el municipio, lo cual no está reflejado en el presupuesto. He planteado mis preocupaciones al alcalde y al concejo, pero no ha habido respuesta. Es alarmante cómo se manejará este asunto durante el invierno, cuando muchas veces se argumenta falta de dinero”, expresó Castillo.
El concejal Emilio Ulloa (RN) también manifestó su inquietud: “Cada peso de los puconinos debe ser protegido. Es preocupante que sumas tan elevadas estén en riesgo. Debo asegurar que los recursos públicos se usen adecuadamente y evitar pérdidas en procesos judiciales que se pudieron prevenir. Por ello, solicité detalles sobre las causas en proceso y las que ya están sentenciadas. La salud municipal y las necesidades urgentes de los vecinos son la verdadera prioridad, y no podemos permitir que el presupuesto se desvíe hacia asuntos que podrían evitarse”, añadió Ulloa, asegurando que seguirá de cerca cada etapa del proceso.
Finalmente, Claudio Cortez (RN) calificó los montos como “exorbitantes”. “Cada demandante tiene derecho a defenderse, pero es preocupante que el despido de muchos funcionarios al inicio de la administración de Álvarez se manifieste en este contexto. Según el informe, 42 de las 58 causas son por ‘despido injustificado’ y ‘tutela de vulneración de derechos’, lo que representa casi el 85% de los juicios”, dijo Cortez. “El alcalde debió manejar estas desvinculaciones de manera diferente. Si esos juicios resultan en pérdidas, el municipio no habrá reservado lo suficiente, lo que llevará a ajustes presupuestarios que impactarán en otras áreas”.
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Con Información de chilelindo.org
