Andrés Kogan Valderrama es sociólogo, diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable, y magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea.
Desde que Gabriel Boric asumió la presidencia en marzo de 2022, muchos vislumbramos en él —un diputado de Magallanes, proveniente de regiones históricamente marginadas por el centralismo extractivista de Santiago— la oportunidad de romper con dos legados que han golpeado a Chile durante siglos: el centralismo del Estado unitario instaurado en 1833 y la descentralización administrativa limitada herencia del modelo neoliberal pinochetista.
Por ello, durante su campaña, Boric se comprometió a eliminar la figura del delegado presidencial, a concentrar atribuciones en gobernadores elegidos democráticamente, a promover una mayor autonomía territorial y a reivindicar demandas históricas de descentralización que él mismo defendió en el Parlamento.
No obstante, después de casi cuatro años de su mandato y tras la segunda elección democrática de gobernadores, la descentralización se ha convertido en una de las asignaturas pendientes más significativas de Gabriel Boric. Lo que prometía ser un proceso transformador ha resultado en avances formales y en ocasiones superficiales, que apenas tocan el núcleo del poder concentrado en La Moneda y Santiago.
La continuidad de los delegados presidenciales regionales —una figura que Boric prometió eliminar— genera duplicidad de autoridades, confusión en la coordinación de servicios públicos, desilusión en la ciudadanía y un freno a la autonomía regional. Esto representa un incumplimiento que ha sido subordinado a un discurso de seguridad, impidiendo avances significativos en descentralización.
Si bien se reconocen algunos avances, como la Ley de Royalty Minero, que beneficia a regiones y municipios, la Política Nacional de Descentralización y el proyecto de Ley Regiones Más Fuertes, estos son insuficientes ante la persistente falta de ingresos propios para las regiones, las limitaciones de los gobiernos subnacionales y los obstáculos a reformas más profundas.
Además, la parálisis tras el escándalo de los convenios (como el caso de Democracia Viva) y la lentitud en temas de participación ciudadana (Ley 20.500) han intensificado la percepción de que el poder real sigue concentrado en el Ejecutivo central, reproduciendo el binomio portaliano-neoliberal: un Estado unitario que delega responsabilidades administrativas (salud y educación municipalizadas desde los años 80) sin transferir poder político ni recursos fiscales genuinos.
Aún más preocupante es que el gobierno no ha retomado ni promovido la idea de un Estado regional, que se planteaba en la primera propuesta constitucional de la Convención de 2022, que incluía autonomías reales para regiones y comunas, una Cámara de las Regiones con representación paritaria y asambleas legislativas regionales con atribuciones normativas y de fiscalización.
En resumen, aunque el gobierno de Boric mostró inicialmente apoyo al primer proceso constituyente, tras el rechazo de la propuesta el 4 de septiembre de 2022 no hubo una iniciativa ejecutiva fuerte para revivir ese modelo por vías legislativas o constitucionales. Se priorizaron otras agendas (como seguridad y migración), dejando el centralismo estructural sin cambios, en función de la “correlación de fuerzas” o de un pragmatismo político.
Esto representa una contradicción considerable con el discurso transformador y antineoliberal de Gabriel Boric, quien simbolizaba la ruptura con el centralismo histórico y el modelo subsidiario pinochetista. En la práctica, ha perpetuado elementos de ambos legados. Su origen regional (Magallanes) y su defensa histórica de la descentralización hacen que esta continuidad sea aún más criticable: el saqueo histórico de las regiones por Santiago sigue intacto, al igual que la promesa de mayor autonomía territorial.
Por lo tanto, es crucial reconocer que la descentralización no es solo una tarea pendiente; es un límite estructural al cambio prometido. Sin la voluntad política para eliminar los delegados, transferir poder real y avanzar hacia un Estado más regional, plurinacional y ecológico, el gobierno de Boric será recordado por una descentralización fallida que desmoviliza expectativas y alimenta el escepticismo hacia las izquierdas.
Chile necesita más que políticas nacionales impuestas desde arriba; requiere un proceso irreversible de desconcentración del poder que coloque a los territorios y sus comunidades en el centro. De lo contrario, seguiremos atrapados en el mismo centralismo que hemos criticado durante décadas.
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