Sobre los eventos ocurridos en Venezuela el 3 de enero, antes de exponer algún tipo de análisis, quiero iniciar reconociendo la alegría de millones de venezolanos, tanto dentro como fuera del país, ante la captura de Nicolás Maduro. Es un aspecto relevante, ya que, aunque se puede tener una postura crítica hacia las acciones de Donald Trump y Estados Unidos, no podemos ignorar la celebración y esperanza que surge ante la caída de un dictador responsable de tantos sufrimientos.
Sin embargo, esta empatía no debe hacernos perder de vista la hipocresía que exhiben ciertos sectores políticos respecto a lo sucedido. Esto se observa en algunas corrientes de la izquierda latinoamericana y europea que se autodenominan progresistas y defensores de los derechos humanos y la soberanía popular, quienes utilizan un discurso antiimperialista de manera superficial para silenciar y negar los abusos de un régimen dictatorial que persigue, detiene arbitrariamente, reprime, tortura y asesina a sus opositores.
Por otro lado, existen sectores de la derecha, tanto conservadores como liberales, que celebran con entusiasmo la captura de Maduro como un triunfo de la democracia y la libertad, presentando a Trump como un héroe que ha «liberado» a Venezuela. No obstante, esta narrativa también es hipócrita. ¿Realmente alguien piensa que a Estados Unidos le interesa la democracia en Venezuela? Su principal interés no radica en los derechos humanos ni en el bienestar del pueblo venezolano, sino en el petróleo de ese país.
Esta hipocresía, tanto de la izquierda como de la derecha, no es un fenómeno aislado, sino que refleja un fracaso más amplio: el del derecho internacional en su conjunto. Lo ocurrido en Venezuela muestra, una vez más, cómo las normas globales se aplican de manera selectiva, según los intereses geopolíticos del momento. La Carta de las Naciones Unidas, que promueve la no intervención en asuntos internos y la resolución pacífica de conflictos, parece obsoleta cuando potencias como Estados Unidos actúan unilateralmente, sin un mandato del Consejo de Seguridad.
El problema de fondo reside en que el Consejo de Seguridad de la ONU, compuesto por cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) y su derecho a veto, no protege la paz mundial, sino que defiende los intereses de las grandes potencias. ¿Por qué Rusia y China vetan resoluciones sobre Ucrania mientras que Estados Unidos hace lo mismo con Israel? Venezuela es solo el último ejemplo de cómo este órgano anacrónico, legado de la posguerra, perpetúa un orden injusto donde los más débiles son pisoteados y los fuertes imponen su voluntad.
Es momento de demandar una profunda democratización de las Naciones Unidas. Necesitamos reformar el Consejo de Seguridad para incluir voces de América Latina, África y Asia, eliminando o limitando el poder de veto que obstaculiza la acción colectiva. Solo así podremos construir un derecho internacional verdaderamente universal, capaz de impedir tanto intervenciones oportunistas como dictaduras internas. Si no, seguiremos atrapados en este ciclo de hipocresía, donde la alegría de un pueblo se convierte en un pretexto para agendas coloniales e imperiales.
Por lo tanto, la captura de Maduro puede marcar un hito para Venezuela, pero solo si aprendemos de estas lecciones. Aunque comparto la esperanza del pueblo venezolano, es importante advertir que sin una crítica honesta hacia todos los actores involucrados, el cambio real seguirá siendo una ilusión.
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