Andrés Kogan Valderrama, sociólogo con un diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable y un magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea.
Es ampliamente reconocido que Chile fue pionero en implementar un modelo neoliberal, tanto durante la dictadura como en la transición a la democracia, privatizando sectores clave como salud, educación, pensiones, vivienda y agua. Este fenómeno ha sido objeto de numerosos estudios y discusión, aunque no representa una novedad.
El problema se encuentra en que esta rígida lógica neoliberal ha penetrado diversas áreas, incluida la salud mental, y en particular, la psicología clínica. Curiosamente, poco se discute al respecto, especialmente entre quienes hemos buscado atención psicológica, esperando un enfoque serio y responsable por parte de los profesionales de la salud.
Por esta razón, es crucial poner de relieve la desregulación de la psicología clínica en Chile. Esto se manifiesta no solo en la falta de obligatoriedad de colegiarse, sino también en la ausencia de una legislación que regule de manera efectiva las especialidades clínicas, estableciendo requisitos como posgrados rigurosos para ejercer en terapia privada. En la práctica, cualquier psicólogo titulado puede atender pacientes sin restricciones.
Esto se agrava con la proliferación de universidades, muchas con estándares cuestionables, que ofrecen la carrera de psicología, convirtiéndola en una de las más numerosas del país. Esta falta de regulación tiene un impacto negativo significativo en quienes buscan psicoterapia, enfrentándose muchas veces a profesionales carentes de la formación y experiencia necesarias, lo que puede llevar a terapias inadecuadas o incluso perjudiciales.
Lamentablemente, esta desregulación se ha normalizado en Chile, diferenciándose del enfoque en otros países. En naciones como España y Estados Unidos, el acceso a la práctica clínica está fuertemente regulado a través de licencias, exámenes nacionales y colegios profesionales obligatorios. En Canadá, a menudo se requiere un doctorado para ejercer.
En contraste, en Chile, un psiquiatra puede abrir su consulta y autodenominarse terapeuta con solo tener su título de psicología. Esto es una gran irresponsabilidad, considerando el costo y la duración que puede implicar un proceso terapéutico. Además, tras la pandemia, muchos profesionales optan por la atención en línea, a menudo descuidando las necesidades reales de los pacientes.
Parece que en Chile el mercado, regido por la oferta y la demanda, se convierte en el principal regulador de la psicología clínica. Un psicólogo puede atraer pacientes rápidamente simplemente creando un perfil atractivo en redes sociales, acumulando ‘me gusta’ o solicitando reseñas en plataformas como Doctoralia o Encuadrado.
Esto evidencia un modelo neoliberal que afecta incluso el ámbito de la salud emocional, tratándolo como un bien mercantil desprovisto de regulaciones estatales rigurosas. Por un lado, se incrementa la oferta y el acceso a diferentes enfoques y precios; por otro, se expone a las personas a profesionales de calidad variable, con los riesgos que ello conlleva.
¿Cómo podemos, entonces, diferenciar entre un terapeuta bien capacitado y uno que no lo es, especialmente en un contexto de falta de supervisión y ética profesional? Es cierto que el Colegio de Psicólogos de Chile ha propuesto reformas, como la creación de un código de ética y la certificación de especialidades, pero esto choca con un sistema que prioriza la libertad económica sobre la protección de los usuarios.
No se trata de solicitar un control estatal autoritario que limite la diversidad de enfoques, sino de establecer mínimos que garanticen la dignidad de los usuarios: colegiación obligatoria, registro público de especialidades acreditadas, supervisión ética efectiva y educación continua obligatoria. De lo contrario, seguiremos condenando a muchas personas a un entorno donde la salud mental se convierte en un bien negociable.
La práctica de la psicología clínica no debe desarrollarse en un vacío regulatorio que ignora los derechos de los usuarios. Requiere marcos que aseguren que el terapeuta no sea solo un proveedor de servicios, sino un acompañante ético y competente. Mientras el mercado siga siendo el juez supremo, la psicología en Chile se mantendrá como un reflejo distorsionado de nuestra sociedad: abierta y diversa, pero también desigual y desprotegida.
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