Desde hace tiempo, la derecha ha insistido en que la izquierda carece de ideas, argumentando que estamos desorientados y anclados en viejas recetas, incapaces de adaptarnos a los nuevos tiempos. Este diagnóstico, que se repite en matinales, columnas y redes sociales, busca imponer un concepto de «emergencia» en varias áreas: seguridad, gasto público, migración, e incluso en las instituciones, creando una sensación de crisis constante.
Sin embargo, es crucial preguntarnos con honestidad política si realmente estamos ante políticas de emergencia o si, en cambio, nos enfrentamos a una profunda ansiedad ideológica. Al examinar detenidamente las propuestas que se agrupan bajo este alarmante término, notamos que no se trata de innovación ni de modernización del Estado, sino de lo que ya conocemos: retrocesos en derechos sociales, debilitamiento de políticas redistributivas, reducción del papel del Estado y un escepticismo general hacia cualquier esfuerzo por ampliar derechos para los sectores más vulnerables.
Es curioso, ya que en las últimas décadas, a pesar de sus errores, las políticas de centroizquierda y izquierda han permitido que millones accedan por primera vez a educación superior, atención en salud más accesible, sistemas de protección social, subsidios habitacionales y el reconocimiento de derechos largamente postergados. Esto no sucedió por arte de magia, sino gracias a políticas públicas, debate democrático y organización social.
Hoy, en vez de debatir cómo mejorar esos logros, corregir falencias o fortalecer su efectividad, la derecha más radical los califica de excesos. Como si el verdadero problema de Chile fuese la ampliación de derechos, y no la persistente desigualdad, la precarización laboral o la fragilidad del tejido social en muchas regiones del país.
Así, la palabra «emergencia» comienza a sonar menos como un diagnóstico técnico y más como una herramienta comunicacional diseñada para generar miedo y urgencia. Cuando todo es emergencia, cualquier retroceso se justifica; cualquier recorte social se presenta como responsabilidad fiscal; y cualquier cierre se camufla como orden.
No es de extrañar, la estrategia del shock ha sido un recurso eficaz para impulsar agendas impopulares. Se crea un ambiente de crisis permanente y, bajo esa presión, se solicita a la ciudadanía que acepte soluciones rápidas, concentradas y, a menudo, regresivas.
La pregunta fundamental es qué tipo de sociedad deseamos construir. ¿Una en la que el Estado se retire y deje a cada individuo enfrentar solo riesgos estructurales? ¿Una donde los derechos sociales se conviertan nuevamente en privilegios? ¿O una donde la seguridad se entienda solo como control, en lugar de cohesión social, oportunidades y prevención real?
Al evaluar estas propuestas, la «emergencia» parece reflejar menos la situación del país y más la inquietud ante los cambios sociales que Chile ha experimentado. La ansiedad frente a una ciudadanía que demanda más dignidad, más protección y justicia, y la incomodidad con un Estado que ya no actúa como mero espectador.
Tal vez el problema no sea la falta de ideas en la izquierda, sino que esas ideas —con los debates necesarios que implican— han demostrado que el país puede avanzar, aunque lentamente, hacia una sociedad más inclusiva. Y eso sigue siendo inaceptable para algunos.
En un contexto donde abundan los slogans y escasea la deliberación profunda, es fundamental no confundir alarma con diagnóstico ni urgencia con un proyecto claro. Gobernar no consiste en retroceder apresuradamente; implica avanzar con responsabilidad.
Chile, más que una ansiedad ideológica disfrazada de emergencia, necesita propuestas que miren hacia el futuro sin eliminar los derechos conquistados en el camino.
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