Por Patricio Herman
El 24 de enero de 2026, el diario El Mercurio publicó un destacado reportaje de media página titulado «Inmobiliaria pide indemnización de 34 mil millones de pesos por fallido proyecto de parque Pümpin en Valparaíso». La demanda fue presentada en el 3er Juzgado Civil de la ciudad y la empresa que exige esta considerable suma a la Municipalidad de Valparaíso es Sogin SpA. Según información disponible, Sogin SpA inició sus actividades comerciales en marzo de 2021 y se siente agraviada por la anulación de un antiguo permiso para construir 26 edificios en el ex Jardín Suizo de la ciudad. Este proyecto pertenece a la Inmobiliaria del Puerto SpA, del empresario Nicolás Ibáñez.
La demanda de Sogin SpA se presentó en octubre de 2024, argumentando que es sucesora de la Inmobiliaria de Ibáñez y busca una conciliación judicial para obtener una compensación económica después de extensos intercambios entre abogados. Esta táctica de conciliación, frecuentemente apoyada por los medios, es utilizada por ciertos actores privados para obtener beneficios económicos de los organismos estatales.
En octubre de 2021, el Diario Financiero indicó que Ibáñez había abandonado su proyecto, anticipando la resistencia del alcalde Jorge Sharp, del Concejo Municipal y de la comunidad. Decidió vender el terreno y consideraba que su experiencia sería objeto de un libro destinado a universidades del país. A pesar de que ese año, la 3a Sala de la Corte Suprema falló en favor de la Inmobiliaria del Puerto SpA en un caso de ilegalidad, los votos de a favor fueron de Ángela Vivanco, Mario Carroza y Enrique Alcalde, mientras que los jueces Sergio Muñoz y Adelita Ravanales se pronunciaron a favor del municipio.
Un panorama histórico. A mediados de 2013, atendiendo demandas ciudadanas, la Municipalidad de Valparaíso decidió aplicar el artículo 117º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) para proteger el valor patrimonial del barrio O’ Higgins, congelando así las solicitudes de anteproyectos y permisos de edificación en la Dirección de Obras Municipales (DOM).
Al día siguiente del decreto que establecía el congelamiento, la Inmobiliaria del Puerto SpA presentó una solicitud de anteproyecto para 26 edificios en un terreno de 10 hectáreas, aprovechando que el decreto aún no se había publicado en el Diario Oficial, es decir, utilizando información privilegiada para una inversión de US$ 80 millones.
Esto generó un fuerte rechazo en la comunidad, que temía perder áreas verdes, incluyendo el jardín Pümpin, espacios que debían ser declarados como Zona de Conservación Histórica. Los dirigentes vecinales solicitaron a la Contraloría General de la República que investigara la tramitación de esa solicitud de anteproyecto.
La Contraloría emitió los dictámenes Nº 59.619 y Nº 16 en 2014 y 2015, respectivamente, concluyendo que se cometieron irregularidades en la tramitación y que la DOM había aceptado un reemplazo de documentación, alterando así el anteproyecto para eludir el congelamiento.
Sin embargo, la municipalidad, bajo la dirección del alcalde UDI Jorge Castro, no invalidó el anteproyecto, alegando que la empresa actuó de “buena fe” y que tenía “derechos adquiridos”. Así, el 30 de mayo de 2015, otorgó el permiso de edificación Nº 301, el cual no fue notificado, violando la ley.
Un tercer dictamen de la Contraloría, Nº 18638 del 19 de octubre de 2015, también reafirmó las irregularidades, certificando que la DOM no actuó conforme a la ley al autorizar el anteproyecto, lo cual fue ignorado. La comunidad organizada presentó un recurso de ilegalidad, que fue aceptado por el nuevo alcalde del Frente Amplio, Jorge Sharp, el 21 de septiembre de 2017, anulando el permiso de edificación N° 301.
Posteriormente, la Contraloría central cambió su postura y determinó que el anteproyecto estaba bien tramitado, descalificando los dictámenes anteriores. El 17 de abril de 2020, la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró la ilegalidad de los decretos de Sharp, aunque ese fallo fue rechazado por la comunidad, lo que llevó a la controversia hasta la Corte Suprema, donde se propuso una conciliación que no se concretó.
En resumen, el fallo de la Suprema favoreció a la empresa de Ibáñez, y el libro anunciado por él sobre este episodio aún no está disponible en librerías. La reciente acción de la empresa Sogin SpA en 2024 contra la Municipalidad de Valparaíso parece buscar ganancias indebidas.
Finalmente, el 27 de septiembre de 2024, el alcalde Sharp solicitó al Consejo de Defensa del Estado que revisara cualquier posible comunicación entre el señor Hermosilla y Vivanco respecto al caso Pümpin. Aunque desconozco las acciones del organismo persecutor, no sería sorprendente que Vivanco hubiera favorecido a la inmobiliaria, a diferencia de los jueces Muñoz y Ravanales.
Además, dada la grave denuncia del abogado Eduardo Lagos sobre la existencia de «venta de fallos» en la 3a Sala de la Suprema, sería pertinente que el fiscal Ángel Valencia investigue el caso del negocio de Ibáñez en Valparaíso.
Con Información de www.elperiodista.cl
