La Superintendencia de Educación ha presentado el informe titulado “Caracterización de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula (2016-2024): establecimientos, estudiantes y trayectorias educativas”, donde se analizan las tendencias, perfiles y razones detrás de estas sanciones en el sistema escolar chileno.
Este estudio se enmarca en el debate público sobre el equilibrio que los establecimientos deben mantener entre ofrecer ambientes seguros y garantizar el derecho a la educación. Con un enfoque descriptivo y exploratorio, se analizaron más de 8.200 expedientes notificados a la Supereduc, junto con bases de datos del Ministerio de Educación.
Los resultados indican un incremento sostenido en la imposición de sanciones severas. Entre 2016 y 2024, los casos se triplicaron, aumentando de 741 a 2.423. Este crecimiento es particularmente notable en la etapa pospandemia, con un promedio anual de 1.754 casos entre 2022 y 2024, más del doble en comparación con el periodo 2016-2019.
Un dato significativo es que las expulsiones se multiplicaron por ocho durante este período, aumentando de 167 casos en 2016 a 1.304 en 2024. Desde 2022, esta medida ha superado a la cancelación de matrícula y se ha consolidado como la sanción principal, representando el 53,8% de los expedientes en 2024.
Sobre este tema, la superintendenta Loreto Orellana Zarricueta comentó: “El informe revela que los equipos directivos de los establecimientos están ejerciendo su facultad conforme a la normativa actual. Los datos demuestran que la mayoría de los procesos de expulsión y cancelación de matrícula se sustentan en fundamentos establecidos por la Ley Aula Segura. Es un mito que Aula Segura no se utiliza. Se requiere que los procesos busquen también resguardar las trayectorias educativas.”
Concentración de sanciones en establecimientos con alta proporción de estudiantes prioritarios
El informe señala que las sanciones se concentran en aquellos establecimientos con una mayor proporción de estudiantes prioritarios. En 2024, el 63,4% de las expulsiones y el 53,1% de las cancelaciones fueron en recintos donde más del 60% del alumnado es prioritario. En contextos vulnerables, estas tasas aumentan, mientras que en colegios de baja vulnerabilidad son marginales. Para la realización de este estudio se enfocó principalmente en establecimientos públicos y particulares subvencionados, dado que los particulares pagados no estaban obligados a reportar este tipo de procesos sancionadores, un hecho que cambiará con la nueva Circular N°782 sobre medidas formativas y disciplinarias.
Además, se observa una sobrerrepresentación de hombres en ambas sanciones (más del 75% en 2024), con un predominio en Educación Media y con perfiles académicos deteriorados: bajo rendimiento, baja asistencia y trayectorias educativas débiles.
En este sentido, la superintendenta Orellana añadió: “Las cifras indican que quienes son sancionados ya enfrentaban dificultades previas: bajo rendimiento, ausentismo, repitencia. Para evitar que estas medidas se conviertan en un punto de quiebre irreversible, debemos fortalecer las estrategias preventivas y de acompañamiento que se han desarrollado en el contexto de la reactivación educativa, como el programa Chile Presente de Mineduc. Por ejemplo, entre 2022 y 2024, la tasa de desvinculación disminuyó, lo que permitió que unos 10 mil estudiantes se mantuvieran en el sistema.”
En cuanto a las causales, la agresión física hacia estudiantes es la más común, representando el 45,7% de las expulsiones y el 31,2% de las cancelaciones en 2024. También se ha registrado un aumento en delitos más graves, como el porte de armas, consumo de drogas y agresiones sexuales, lo que ilustra la complejidad de los entornos escolares.
El análisis longitudinal confirma que estas sanciones tienen repercusiones significativas en las trayectorias educativas. A los 20 años, entre un 20% y un 27% de los estudiantes expulsados han sido excluidos del sistema escolar, comparado con menos del 10% de la población general.
La superintendenta enfatizó que “la transparencia de estos datos es esencial. No estamos aquí para alarmar, sino para proporcionar evidencia que mejore políticas y prácticas. Nuestro compromiso es que los estudiantes permanezcan en el sistema y accedan a oportunidades reales de aprendizaje. Además, debemos trabajar en prevenir casos graves que puedan llevar a una posible expulsión, profundizando en políticas de convivencia como la Gestión Colaborativa de Conflictos.”
Con Información de www.lanacion.cl
