Más de 2,200 días después de lo ocurrido, los tribunales confirmaron que el 8 de noviembre de 2019, el entonces estudiante universitario Gustavo Gatica perdió completamente la visión a causa de perdigones disparados por una escopeta de Carabineros, estableciendo así su condición de víctima de violaciones a los derechos humanos. A pesar de que se demostró que el arma pertenecía a la institución y que fue disparada por el acusado, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a este último invocando la Ley Nain Retamal.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actuó como querellante en el caso, de acuerdo con su mandato legal. Ante el fallo, Beatriz Contreras, jefa regional del INDH, dijo que “lo más importante del veredicto es que el tribunal estableció, más allá de toda duda razonable, que el disparo que causó la ceguera total e irreversible de Gustavo Gatica Villarroel fue efectivamente realizado por el acusado. Este juicio evidenció la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima y el impacto de esta acción por parte del funcionario policial”.
En esta línea, el director del INDH, Yerko Ljubetic, manifestó que “este hecho de gran gravedad, comprobado por el tribunal, queda sin sanción debido a la aplicación de la Ley Nain Retamal, lo que genera una profunda preocupación sobre el futuro de otros casos de cientos de personas que han sido gravemente afectadas en sus derechos por acciones de Carabineros que no seguían los protocolos establecidos”.
Es fundamental recordar que la actuación de agentes del Estado durante la crisis social resultó en 464 personas con traumas oculares de diversas magnitudes, lo que representa una grave violación a sus derechos a la vida y a la integridad física y psíquica. De igual manera, el INDH documentó en su Informe Anual de 2019 que Chile atravesó la crisis de derechos humanos más severa desde el retorno a la democracia en este período.
Además, en octubre de 2025, el Ministerio Público comunicó que, a raíz de la crisis social, recibió más de 12,000 denuncias por hechos perpetrados por agentes del Estado, y que en más del 90% de los casos no se logró identificar al agresor. Por otro lado, el INDH presentó 3,247 querellas por delitos de violencia institucional, de las cuales hasta julio de 2025 solamente 68 resultaron en sentencias condenatorias firmes y ejecutoriadas.
En este contexto, el INDH ha destacado la necesidad de fortalecer los mecanismos para garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. De hecho, en 2019 y 2022, la institución formuló una serie de recomendaciones al Estado chileno sobre el uso adecuado de la fuerza, el derecho a la reunión pacífica y el acceso a la justicia para las víctimas. La relevancia de estas recomendaciones ha aumentado con el tiempo.
Para concluir, la abogada del INDH, Beatriz Contreras, subrayó que la entidad “continuará ejerciendo su mandato legal, acompañando a las víctimas, supervisando el actuar del Estado y asegurándose de que las instituciones respeten los derechos humanos de todas y todos”.
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