Las familias tienen un plazo de 30 días para retirar a los adultos mayores que se encuentran en el establecimiento.
Por Vicente Mud
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A pesar de que la investigación sobre la residencia de adultos mayores «El Legado del Nono» se encuentra en una fase avanzada en el Ministerio Público, y está lista para juicio, nuevos datos continúan surgiendo. Esta mañana, la Seremi de Salud de La Araucanía y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) realizaron una intervención en el establecimiento. La intervención fue una “inspección sorpresa” motivada por una denuncia reciente presentada por la concejal Marina Matus, lo que resultó en la clausura del lugar.
Maritza Flandes, fiscalizadora de la Seremi de Salud, confirmó tras la visita que el establecimiento carecía de autorización sanitaria. “Este hogar no cuenta con la autorización sanitaria y, por lo tanto, incumple el decreto 20 sobre establecimientos de larga estadía”, afirmó Flandes.
Entre los aspectos destacables, la fiscalizadora mencionó que al tratarse de una actividad comercial, la residencia debía tener la autorización del municipio de Pucón. Una vez recolectados los datos necesarios, se procederá a redactar un sumario sanitario. “Estamos en la etapa de recopilación de información, revisando la infraestructura y el personal. Al finalizar esta fase, comenzaremos el sumario sanitario y la elaboración del acta correspondiente,” añadió.
La concejal Marina Matus (REP), quien estuvo presente en la inspección, manifestó su profunda preocupación tras observar las condiciones del lugar. “Lo que vi me conmovió mucho; los riesgos evidentes, como el patio que podría generar un incendio, son alarmantes. Nos costó mucho entrar,” expresó la edil.
Tras verificar la información, la autoridad sanitaria emitió una orden de prohibición para el funcionamiento del hogar. Se detectaron situaciones críticas, como extintores caducados y la falta de una vía de evacuación. A esto se suman condiciones de salud preocupantes, incluyendo alimentos y sueros vencidos, manejo inadecuado de medicamentos y una grave falta de personal, con solo dos empleados para once residentes.
Por último, se establecieron las medidas a seguir —con los plazos correspondientes— para garantizar la seguridad de los adultos mayores aún en el establecimiento: un plazo máximo de 30 días para que los familiares retiren a sus adultos mayores, la entrega de explicaciones a la dirección de correo de la fundadora, y un plazo de 30 días para una nueva inspección y verificar la clausura del establecimiento.
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Con Información de chilelindo.org
