La Fiscalía Regional de Antofagasta, a través de un recurso de apelación, intenta revertir la decisión del juez de garantía Patricio Álvarez que otorgó libertad y arraigo nacional a cuatro de los cinco imputados en el caso Procultura.
Según lo informado por Emol, en la apelación presentada la noche del lunes ante la Corte de Apelaciones de Santiago por el fiscal Cristián Aguilar, se exponen los principales argumentos para modificar la resolución del tribunal y solicitar una medida cautelar de mayor severidad.
Además, la Fiscalía solicita, de manera accesoria, en caso de no prosperar, el arresto domiciliario total o que se consideren otras circunstancias penales, como la apropiación indebida.
En un documento de 110 páginas, la Fiscalía argumenta que “no se está de acuerdo con lo resuelto por el tribunal (de garantía), ya que se considera que los criterios mencionados sobre la gravedad de la pena asignada al delito, la naturaleza del ilícito, la existencia de procesos pendientes y la acción en grupo son suficientes para justificar la prisión preventiva de los imputados”.
Asimismo, se señala que “en lo que respecta a la actuación en grupo, no coincide con la interpretación judicial de que no aplica, dado que la imputación implica la participación de más de una persona”.
Esto, en su opinión, debería ser “tomado en cuenta por el tribunal al decidir sobre esta medida, ya que el juicio de reproche es mayor cuando intervinieron dos o más personas en la comisión del delito, lo que, desde un punto de vista precautorio, indica que su libertad representa un riesgo para la seguridad pública”.
La Fiscalía añade que “el delito formalizado, por sí solo, conlleva una pena de crimen de cumplimiento efectivo de privación de libertad, además de su forma de comisión, los bienes jurídicos vulnerados, la probidad administrativa y el patrimonio fiscal afectado, que asciende a más de $1.680 millones, y que perjudicó a la comunidad en una materia tan crítica como la prevención del suicidio, al no recibir el programa en su totalidad”.
Sobre la condición de funcionario público de Alberto Larraín
En otra sección de la apelación, cuyo debate podría llevarse a cabo este miércoles o jueves en la Corte capital, se menciona la condición de funcionario público de Alberto Larraín.
“La Fiscalía considera que Alberto Larraín adquirió la condición de funcionario público desde su designación el 8 de junio de 2022, por acuerdo del Consejo Regional Metropolitano, como director de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de Santiago, durante el periodo 2022-2024″.
El recurso también hace referencia al gobernador metropolitano Claudio Orrego, cuya solicitud de desafuero se podría tratar este jueves.
“Otro aspecto relevante que el tribunal no ponderó adecuadamente es que el rol de coordinador que habilitó el convenio entre el GORE y Procultura, implementado a través de la contratación de Gabriel Prado, fue una iniciativa del gobernador Orrego, lo que permite suponer, de forma indiciaria, que hubo un acuerdo entre él, la señora Magdaleno y Alberto Larraín, con el conocimiento de la señora Gómez, quien lo contrató, y de la señora Abusleme, quien, siendo su pareja, lo recomendó”, destaca el texto.
Con Información de www.lanacion.cl
