En el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Alberto Larraín, cofundador y director de la fundación Procultura, junto con las coimputadas María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, fueron informados este domingo sobre los cargos de fraude al Fisco que la Fiscalía Regional de Antofagasta les presentó, durante una audiencia que comenzó el sábado.
Según informa El Mercurio, en este caso también están imputados la exrepresentante de la fundación, María Constanza Gómez, y el coordinador del proyecto en el Gore, Gabriel Prado.
Durante la segunda jornada de imputaciones, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos, excepto para Prado, quien se encuentra bajo arresto domiciliario total.
“Los antecedentes presentados por el fiscal, tanto en la formalización como en la justificación de las medidas cautelares, respaldan plenamente la solicitud de prisión preventiva realizada por el Ministerio Público, que también será solicitada por este querellante”, afirmó el abogado Pablo Toloza, en representación de la UDI.
Según el expediente fiscal, la trama en el caso Procultura tiene como protagonistas a Larraín y al gobernador Metropolitano, Claudio Orrego.
“Claudio Orrego comunicó a la fundación que había una disponibilidad presupuestaria de $1.600 millones para diseñar el programa, ignorando el presupuesto de otro proyecto similar, de modo que el monto del programa no se derivó de un análisis o cálculo de costos, sino de la simple disponibilidad de fondos”, señala el documento.
Los investigadores también indican que Larraín “tuvo control absoluto sobre el programa ‘Quédate’. Sus funciones incluían la supervisión directa de todos los departamentos de la fundación.
“Realizaba reuniones de coordinación con jefes de área y con María Constanza Gómez para revisar el movimiento financiero de los proyectos, siendo él quien tomaba todas las decisiones relevantes dentro de la fundación”, añaden.
Uno de los argumentos para atribuir a Larraín el delito de fraude al fisco se relaciona con su supuesta condición de funcionario público previo al programa “Quédate”, cumpliendo con su rol en el consejo del 29 de junio de 2022, donde se validó dicho programa.
“Se aprobó, por unanimidad de los consejeros presentes, la propuesta del gobernador regional y presidente del Consejo, Claudio Orrego, sobre la ‘Transferencia Prevención del Suicidio mediante el Fomento de la Salud Mental por un monto de $1.683.788.000”, señala el documento.
Además, se menciona que “estuvieron presentes, entre otros, Alberto Larraín, quien participó en la sesión, y el gobernador Orrego, quien era consciente de que Larraín era en ese momento director de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana y, por ende, un funcionario público”.
Defensa de Larraín
La defensa de Larraín, dirigida por el abogado Cristián Arias, sostiene que no tenía la calidad de funcionario público en el momento de los hechos en 2022.
“No hay evidencia de un delito de fraude al Fisco. Es fundamental que el sujeto activo en este delito sea calificado, es decir, que tenga el carácter de funcionario público. Es tan sencillo como eso, además de otros argumentos que se discutirán más adelante”, argumentan.
Conclusiones del Ministerio Público
Otra de las conclusiones del Ministerio Público se refiere a la disponibilidad de fondos públicos en el caso Convenios, que podría haber generado un gasto mayor en Procultura.
“Entre el 13 y el 27 de mayo de 2022, se registraron conversaciones entre el gobernador Claudio Orrego y el psiquiatra Alberto Larraín, en las que el gobernador propuso espontáneamente a Larraín que estructurara un programa regional enfocado en la salud mental, por un monto de $2 mil millones. Esta propuesta marcó el inicio del diseño institucional del proyecto ‘Quédate’”, agregan.
Asimismo, concluyen que tras la conversación, Larraín inició coordinaciones para su implementación, lo que permite a la fiscalía fundamentar la “concertación” en el presunto delito.
Con Información de www.lanacion.cl
