Periodista y editora internacional.
Las relaciones entre La Habana y Washington, tensadas desde la revolución cubana de 1959, se encuentran en uno de sus momentos más delicados en décadas.
La detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos interrumpió inmediatamente el suministro de petróleo subsidiado que Caracas exportaba a la isla desde hace casi veinticinco años, lo que ha desencadenado una grave crisis energética con apagones que a veces superan las 20 horas diarias. Además, una nueva orden ejecutiva de la Casa Blanca amenaza con imponer aranceles a cualquier país que, de forma directa o indirecta, venda o proporcione crudo a Cuba, intensificando lo que el gobierno cubano denomina un «bloqueo asfixiante» que dificulta cualquier alternativa de suministro. Esta medida se dirige principalmente a países como México, cuyo presidenta, Claudia Sheinbaum, ha reafirmado su compromiso de seguir vendiendo crudo a la isla.
El decreto de Trump declara una «emergencia nacional» por la supuesta «amenaza excepcional» que representa Cuba, acusándola de colaborar con Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá, y de «desestabilizar la región». Mientras esto sucede, Estados Unidos se aproxima peligrosamente a Irán, amenazando con desplegar una flota aún mayor que la enviada a Venezuela y advirtiendo sobre un ataque «mucho peor» que el realizado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Varios informes sugieren que se está planeando un ataque militar en tierras iraníes, justo cuando se cumple un mes de la captura de Maduro.
Frente a esta situación, Rusia advirtió que el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Irán solo provocará caos y desestabilización en toda la región. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, expresó que «cualquier uso de la fuerza solo podría generar caos en la región y conllevar consecuencias peligrosas para los sistemas de seguridad».
Recientemente, el gobierno iraní aseguró estar dispuesto a dialogar con Estados Unidos para evitar un ataque militar que Trump ha amenazado durante semanas, aunque la República Islámica exige como condición previa el cese de las amenazas de agresión.
Trump: “Cuba está a punto de caer”
La confrontación verbal y política alcanza su punto más álgido en décadas, con posturas inflexibles que profundizan la crisis y alejan las perspectivas de una solución pacífica: Washington condiciona cualquier normalización a un cambio de régimen en Cuba, mientras que La Habana contrapone la posibilidad de diálogo a la cesación de lo que considera «agresión económica» y el respeto a su autodeterminación.
Tras las recientes afirmaciones de Donald Trump, quien declaró que Cuba «está a punto de caer» por el corte del suministro de crudo venezolano tras la captura de Maduro, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, descendiente de inmigrantes cubanos y nacido en la isla, reveló el objetivo político final: la transformación del sistema de gobierno en Cuba.
“Nos encantaría que esto sucediera, pero eso no implica que vayamos a crear un cambio”, afirmó Rubio al ser preguntado sobre las intenciones de Washington. Aclaró que, conforme a la legislación, el levantamiento del embargo depende de un cambio político en la isla. Al ser cuestionado sobre si la administración Trump planea utilizar la fuerza militar u otras formas de coerción para provocar un cambio de régimen, el secretario de Estado citó la ley Helms-Burton de 1996 como referencia legal.
¿Y qué dijo La Habana?
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba respondió a las declaraciones de Trump reafirmando su «firme postura antiimperialista e inquebrantable». Además, en comunicados anteriores, el gobierno cubano ha condenado la intervención en Venezuela como un «acto de terrorismo» y ha advertido que «no tolerará intimidaciones ni amenazas». La Habana ha dejado claro que, mientras persista lo que considera «coerción», no habrá espacio para el entendimiento. Sin embargo, ha manifestado en múltiples ocasiones su disposición a mantener un diálogo bilateral, pero bajo condiciones de «igualdad y respeto mutuo» y sin condiciones que afecten su soberanía.
Con estas declaraciones, se evidencia que la actual administración estadounidense interpreta la crisis económica extrema en Cuba —agravada por la pérdida del petróleo venezolano y las nuevas sanciones— como una oportunidad para cumplir con el «mandato legal interno» de cambio de régimen. ¿Acaso esta es la nueva estrategia para lograr lo que no se puede obtener mediante la negociación y el diálogo entre Estados soberanos?
Lo cierto es que, mientras Rubio habla de deseos y anhelos, las acciones del gobierno que representa —control del petróleo venezolano, sanciones extraterritoriales y el refuerzo del bloqueo— son evidencias claras de coerción directa y un intento de forzar un colapso interno, en medio del sufrimiento de sus 10 millones de habitantes.
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