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Periodista y editora internacional.
A una semana de las elecciones generales, Costa Rica atraviesa un momento significativo que podría transformar su democracia, acostumbrada a ser comparada con Suiza por su estabilidad institucional. Este país, históricamente modelo democrático en la región, enfrenta la influencia del narcotráfico y la polarización en un proceso electoral que podría ser el más crucial en décadas.
Los ciudadanos costarricenses no solo votarán por un presidente el 1 de febrero, sino también por sus vicepresidentes y 57 diputados. Esta campaña se caracteriza por un ambiente inusual, marcado por la ausencia de ruido en las calles, ya que la batalla electoral ha migrado al ámbito digital. En oficinas del gobierno, jóvenes analistas supervisan las redes sociales, donde la competencia es intensa. “La televisión ya no es relevante”, sostienen. Los mensajes propagados son directos y repetitivos: seguridad, orden, cambio. Esta estrategia resulta efectiva. Mientras la oposición discute complicaciones institucionales, el oficialismo presenta soluciones simples a problemas complejos, creando un clima de «fanatismo» donde prevalecen las emociones sobre los planes de gobierno. Además, esta polarización amplificada por el entorno digital se ha intensificado debido a los fallidos intentos de revocar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, quien denunció un «golpe de Estado judicial».
Las encuestas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y OPol Consultores muestran a la candidata oficialista Laura Fernández muy cerca de lograr una victoria en la primera vuelta, con intenciones de voto variando entre el 40% y el 43.2%. No obstante, la situación dista de ser clara. Un estudio previo del CIEP/UCR (diciembre) revelaba que su ventaja inicial del 30% entre votantes decididos se diluía frente a un 45% de indecisos. Esta cifra ha bajado al 32%, pero aún mantiene la contienda en suspense.
La incertidumbre es la constante de esta contienda electoral, similar a lo vivido en 2025, con la expectativa de que se repita durante este crucial 2026. La posibilidad de que Fernández gane en primera vuelta depende esencialmente de un factor: la transferencia de apoyo del presidente saliente Rodrigo Chaves.
El “chavismo” oficialista conserva un elevado respaldo, cercano al 60%. Si logra transferir aproximadamente la mitad de ese apoyo a Fernández (un 30%), estará en buena posición para competir por una victoria temprana. Sin embargo, el panorama es complicado y todavía incierto. Con 20 candidatos en carrera, es matemáticamente desafiante que alguno consiga el 40% necesario para evitar una segunda vuelta. Esta circunstancia convierte la lucha por el segundo lugar en la incógnita principal del proceso, ya que quien lo obtenga se enfrentará a Fernández en una posible segunda ronda, en un contexto de alta polarización.
Un aspecto interesante a considerar es que el padrón electoral incluye a más de 600.000 personas mayores de 65 años (16.1% del total), un grupo con memoria histórica de la estabilidad democrática y necesidades urgentes de protección social. Su voto podría ser crucial para decidir entre el temor a la violencia y la preservación de la tradición institucional en un país que, según el índice de The Economist, se ubica como la segunda democracia más sólida de América Latina.
El narcotráfico: un temor compartido
La inseguridad es el factor clave para el 42.4% de los votantes, conforme a la encuesta del CIEP/UCR. Con una tasa de homicidios que se duplicó en diez años (16.7 por cada 100,000 habitantes en 2025), el narcotráfico ha transformado el panorama del país.
La candidata oficialista ha adoptado un discurso de «mano dura» contra la creciente violencia relacionada con el narcotráfico, inspirado en la estrategia del centroamericano Nayib Bukele contra las pandillas, cuya reciente visita para inaugurar los planos de una cárcel de máxima seguridad fue vista como un respaldo político.
A una semana de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha iniciado la distribución del material electoral para más de 7.150 juntas receptoras de votos, en un arduo operativo logístico custodiado por la Fuerza Pública. Mientras tanto, la Misión de Observación Electoral de la OEA, dirigida por el uruguayo Ope Pasquet e integrada por 27 expertos de 15 nacionalidades, supervisa el proceso, con finanzas aportadas por Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Perú y Suiza.
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Con Información de pagina19.cl
